n días pasados, como queriendo y no, tuve oportunidad de ver en la televisión, durante un buen rato, parte de los debates que se desarrollan en los trabajos del constituyente que darán nacimiento a una constitución para la Ciudad de México. Tuve dos impresiones principales de ese primer contacto: primero, sin duda, la importancia de que se elabore una constitución para la Ciudad de México, lo cual le otorgará un rango político del que había carecido. Debemos, pues, felicitarnos de que esa idea esté en camino de realización, que cambia la jerarquía política de la ciudad y de lo que fue el Distrito Federal.

Naturalmente es inevitable, en una revisión detallada del actual texto, que surgirá un buen número de observaciones. Pero no se trata de eso, sino de efectuar algunos señalamientos que serán completados seguramente por otros compañeros especialistas. Pero volvamos con nuestro tema. Decíamos que es un logro que esté en vías de realización una primera constitución de la Ciudad de México, aunque inevitablemente requiera cambios para finales de enero de 2017, fecha en que se pretende entre en vigor. Una primera impresión de esta versión es que resulta un tanto farragosa, como si el constituyente inicial, por su explicable preocupación por la exactitud, no hubiera resistido la tentación de ir hasta detalles más dignos de un reglamento que de una constitución.

Hay, seguramente, muchas otras observaciones que harán los especialistas, entre los que, sin duda, hay personas de primer nivel por su capacidad y conocimientos. Aunque debe apuntarse también críticamente que parece haber un desnivel importante entre los participantes en ese constituyente. Creo, sin embargo, que todos ellos, o la mayoría, están en condiciones de aportar algo valioso a esta constitución políticamente fundante de la Ciudad de México.

Una de las críticas mayores que hasta ahora ha recibido este cuerpo fundante es su composición, ya que la mayoría de sus miembros tiene origen en un procedimiento electoral y la minoría proviene de designaciones directas, tanto del Ejecutivo federal como del Ejecutivo de la Ciudad de México. Es posible que, en lo fundamental, sea más que razonable esta observación; sin embargo, como resultado y balance general, creo que al final de cuentas nos encontramos con un cuerpo equilibrado que garantiza la legitimidad de sus decisiones y obra.

Por supuesto que el resultado final de la composición y trabajos de ese cuerpo colegiado tendrá alguna influencia en las elecciones de 2018, aunque de ninguna manera será determinante. La cuestión que importa es la calidad de la nueva constitución, la de su valor a los ojos ciudadanos y la de su calidad democrática en el funcionamiento. Creo que hoy, en México, pero en muchos otros lugares, la validez de las instituciones depende más del escrúpulo y rectitud de su aplicación que propiamente de la validez de su origen, aunque éste también cuenta. Un elemento que parece promisorio en la nueva constitución es su énfasis en los derechos humanos y en las garantías individuales, de que tan necesitado está el país. Por supuesto resultan especiales las partes que subrayan la necesidad de trabajar por la seguridad de los mexicanos, en este caso por los habitantes de la Ciudad de México, como uno de sus puntos centrales. Opino que es la ruta buena, pero el propio constituyente debe vigilar y asegurarse de que efectivamente se protegerán esos derechos y se eliminarán las causas de la corrupción y la impunidad, que son otras de las lacras que no han podido resolverse en mucho tiempo en el país.

Hay, pues, un conjunto de efectos y conductas que derivarán necesariamente de este nuevo texto constitucional, cuyo cumplimiento no sólo debe vigilar el cuerpo redactor, sino la ciudadanía en su conjunto y, desde luego, aquella que participa en los partidos políticos que están atrás de este nuevo texto constitucional, que percibo más, en conjunto, como un gran movimiento político y no sólo como un cuerpo redactor, aunque también lo sea. Opino que hoy los partidos políticos, adversarios sobre todo en la arena electoral, deben unirse en torno al texto constitucional para que de verdad tenga efectividad el texto, como foco central de las apiraciones de los capitalinos en los próximos tiempos.

Sé bien que pueden ser muy fuertes las diferencias y la compencia entre partidos en la arena política, pero todos aquellos que aceptaron formar parte del nuevo constituyente deben saber también que su misión no era solamente redactar un conjunto de artículos, aun cuando fueran de rango constitucional. No. De manera más explícita o implícita todos saben y reconocen que el meollo de su misión consiste en lograr que el nuevo cuerpo constitucional, bajo su redacción, debe aplicarse un día, es decir, ha de formar parte de las conductas efectivas de los ciudadanos de la capital, es decir, debieron saber y reconocer plenamente que su objetivo real era la aplicación y la vida social de ese cuerpo legislativo. Sí, la prescripción de una serie de normas, pero para su incorporación a la vida real, para una función efectiva en la sociedad.

Los puntos de vista opuestos y las contradicciones debían trascender precisamente en este tiempo de discusiones y polémicas, pero como pasos previos a la batalla por los acuerdos, por la nueva constitución.

Creo que esto es absolutamente fundamental, pero por desgracia no he escuchado demasiadas opiniones coicidentes con lo anterior. Esta nueva constitución no refleja el sentir de un movimiento revolucionario triufante, como casi siempre ocurre con las nuevas constituciones, sino es el producto de un acuerdo ciudadano, seguramente de opiniones encontradas, pero por eso mismo, en tal momento, se convierte en un cuerpo de normas, doctrinas e ideas en el eje de un movimiento político triunfante. Esta es la manera de dotar de valor y credibilidad a la nueva constitución. Hagámoslo todos sin regateos.