La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado, Adriana Dávila Fernández, pidió a los diputados que aprueben la minuta que les remitieron sobre la ley en esa materia. No puede detenerse más, sólo por la voluntad de alguien que ha lucrado con el tema.

La senadora panista se refirió con nombre y apellido a Rosi Orozco, quién militó en el PAN y a la que responsabilizó de presionar e instrumentar una campaña para frenar las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Se opone al proyecto, acusó, porque interfiere con el gran negocio que ha hecho desde el sexenio pasado, con la supuesta defensa de mujeres víctimas de ese delito, a quienes en realidad explota.

La legisladora denunció que son tan fuertes los intereses para frenar esa reforma, que Orozco, quien en realidad se llama Rosa María de la Garza, ha impulsado una campaña de desprestigio en su contra, acusándola de querer fomentar la trata de personas. Las agresiones, dijo, han alcanzado a su hija adolescente.

Explicó que siendo diputada del PAN, Orozco impulsó la creación de esa ley contra la trata, una legislación incompleta que fue modificada hace cuatro años, cuando se reformó la Constitución, a fin de crear una ley general. Pero ella se opuso siempre a los cambios, sin discutir abiertamente con las senadoras, pero logró que en San Lázaro se cambiara la parte toral de la minuta.

Dávila Fernández explicó que Orozco se opone al establecimiento de los tipos penales que sancionan toda la cadena de trata de personas, no sólo la explotación sexual, sino también a quienes enganchan a las víctimas. La iniciativa incluye como agravantes los medios comisivos, entre ellos la seducción, los engaños y el uso de la fuerza.

Orozco, quien preside la Comisión Unidos vs la Trata AC, no acepta los cambios, porque ella misma puede caer en esa tipificación, recalcó la legisladora, pues ha creado unas treinta asociaciones por las que recibe recursos económicos, además de que vende servicios de carácter electoral a candidatos y gobiernos de varios estados de la república, en los que usa a las víctimas para promocionar su supuesta lucha contra ese delito.

Reconoció que Orozco fue protegida en el gobierno de Calderón, pero también de la actual administración. Vive en una casa de Las Lomas, decomisada a un narcotraficante, que le cedieron en el sexenio pasado y en la actualidad tiene un grupo de guardaespaldas que le asignó el gobierno del estado de México.

La senadora panista precisó que las comisiones que dictaminaron las modificaciones recientes –aprobadas el jueves pasado y turnadas a la Cámara de Diputados– recibieron al abogado de Orozco, Samuel González, con quien discutieron más de tres horas lo referente a medios comisivos, que quieren a toda costa eliminar de la ley.

Agregó que es una tipificación que se aplica en Estados Unidos y tiene sustento en regulaciones internacionales. “Incluso en su informe de 2016, el Departamento de Estado se manifestó en favor de que el Senado la hubiera incluido en la legislación, para complementar la cadena que se está llevando a cabo para el combate trasnacional y la cooperación internacional contra ese delito.

La senadora Dávila reiteró el llamado respetuoso a la Cámara de Diputados” para que acepte los cambios formulados por el Senado en 22 de los artículos relacionados con el tipo penal. No la detengan más.