Decenas de organizaciones de la sociedad civil y activistas consideraron que las designaciones de Raúl Cervantes y Arely Gómez como titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), respectivamente, son señales preocupantes para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la construcción de una fiscalía autónoma.

En un pronunciamiento conjunto, cuestionaron la falta de transparencia en el proceso y exigieron que los nombramientos sean transitorios, para garantizar la elección de perfiles idóneos en esos cargos.

Lo que sucedió demuestra la discrecionalidad y total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros. El Senado no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó las designaciones sin dar espacio a la reflexión crítica y al debate abierto, señalaron.

Afirmaron que haber dejado a Arely Gómez como titular de la SFP viola el compromiso internacional hecho por la Presidencia de la República en el contexto del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, al no cumplir con aplicar una consulta técnica a la sociedad civil, la academia y expertos para la elección de ese cargo.

Subrayaron que el nombramiento del procurador es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal.

Se trató de una designación inesperada y discrecional; el de Cervantes es un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad (por ejemplo, sobre su conocimiento del sistema penal, su probidad y su compromiso con el avance de los derechos humanos y la democracia).

Insistieron en que haber nombrado procurador a un senador que fue severamente cuestionado cuando quiso ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación daña severamente la división de poderes y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre éstos.

Exigieron que las designaciones de Arely Gómez y Raúl Cervantes sean transitorias, en particular en el segundo caso, pues consideramos que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de fiscalía general de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las 80 agrupaciones que firmaron el pronunciamiento están la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fray Bartolomé de las Casas, de la Montaña Tlachinollan y Paso del Norte.