o hay mexicana o mexicano informado que pueda dejar de reconocer los avances del sistema político mexicano a lo largo de la historia, mediante evoluciones que se engarzan desde finales de los años 70 del siglo pasado hasta nuestros días. Constituyen un proceso permanente de reforma política que nos ha permitido superar vicisitudes, conflictos, represiones y diversos momentos de desgaste del sistema político mexicano. Pero tampoco pueden negarse las evidencias del agotamiento que el mismo sistema acusa en nuestros días y la necesidad de impulsar nuevos avances y jalones evolutivos que se requieren con urgencia para la puesta al día y para la consolidación de nuestra vida democrática; en particular se impone un nuevo modelo de gobierno que supere la fragmentación y evite la exclusión de todos los perdedores que devienen en mayoría marginada.

Considero que la debilidad de un gobierno que sólo recoge el voto de una exigua mayoría numérica, pero que se confronta con las otras minorías, es un mando político sin garantía de gobernabilidad.

Legitimidad disminuida y exclusión, ambos temas son, por decir lo menos, materia de inevitables reflexiones y debates. La política en la mayor parte del mundo democrático de nuestros días transita el camino de las coaliciones gubernamentales y utiliza las segundas vueltas electorales para contar con el respaldo de las representaciones legislativas, las organizaciones partidistas y la ciudadanía en general, que otorguen el sustento mayoritario.

Hace unos días, en el contexto del foro de los Diálogos Galileo, José Woldenberg, Manlio Fabio Beltrones y Roberto Gil Zuarth hicieron un reconocimiento de la evolución alcanzada en materia política y también del agotamiento del sistema imperante, así como de la necesidad de seguir avanzando en la evolución política permanente, asumiendo que ha llegado el día de hacer una reforma al modelo de gobierno del alcance de la lograda por don Jesús Reyes Heroles en la década de los 70.

Hoy se impone, metafóricamente, dar una vuelta mayor a los engranes políticos o propinar un severo golpe de timón al barco de la política nacional que nos lleve a reglamentar el mandato de formar un gobierno de coalición, para una mayor legitimidad y fortaleza política, con miras a una mejor y más eficaz y eficiente gobernabilidad.

Parece decantarse la idea de una legislación que establezca un plazo perentorio al partido ganador que no alcance 42 por ciento de la votación, para acordar un programa común de gobierno de coalición, que fije objetivos estratégicos y distribuya responsabilidades de poder compartido. En la eventualidad de que el plazo para registrar el gobierno de coalición transcurra sin acuerdo para formar mayoría, se procedería a una segunda vuelta electoral en la que competirían solamente los dos candidatos con mayor votación y las coaliciones que logren conformar, cuidando el riesgo de caer en el bipartidismo.

La coalición es un mandato incluyente para buscar la formación de una plataforma programática compartida, un programa legislativo común y un gabinete de composición. La segunda vuelta quedaría como recurso último, en caso de no poder formar gobierno de coalición.

Como puede verse, se trata de un cambio en la arquitectura de gobierno de largo alcance, que impone un gran debate nacional.

De crearse un sólido consenso se daría paso a una etapa muy importante de la reforma política, de verdadera trascendencia histórica y, si el presidente Enrique Peña Nieto, con gran visión y de largo aliento, tomara la decisión de iniciarla ante el Congreso de la Unión, al comenzar el tercer tercio de su mandato, indiscutiblemente contribuiría al enriquecimiento de la vida democrática de México, enmarcándose en la celebración del centenario de la Constitución de 1917.

El desgaste del sistema político en su conjunto está a la vista; las ideas para corregirlo, cambiarlo y mejorarlo ya están circulando, y todo indica que nos acercamos, aceleradamente, al tiempo preciso de una nueva reforma política de fondo y de gran calado, que supone un nuevo modelo de gobierno y no únicamente un cambio en materia electoral, a los principios, necesidades y valores que le dieron origen.

También en lo político hace falta poner a México en la línea más avanzada de la democracia mundial, como lo hicimos en lo económico y lo social con las reformas estructurales y transformadoras que aprobamos hace dos años y que le dieron una nueva dimensión a nuestro país.