a exitosa democracia a la mexicana ha convertido a los partidos políticos en grandes empresas privadas de todos los colores, que obtienen pingües beneficios por medio del generoso cuan creciente financiamiento público por ellas obtenido (las aportaciones privadas se contabilizan por separado). Pero, voraces, tales conglomerados quieren una rebanada más grue$a y para lograrlo enfilan sus baterías para un cambio constitucional, para que la ciudadanía comience a partir de los 16 años, lo que en buen castellano significa un filón adicional cercano a 5 millones de potenciales votantes que impactarían positivamente en las chequeras partidarias.

Bajo la simple ecuación de que un mayor número de votos es igual a financiamiento público mucho más jugoso para las susodichas empresas, éstas se muestran “muy entusia$mada$” por la creciente participación de los jóvenes en la política nacional. Así, en el Congreso estarían cocinando modificar el artículo 34 constitucional con el fin de reducir la edad mínima necesaria para votar (de los 18 años actuales a 16), de tal suerte que desde ya se frotan las manos. Y el punto de partida –el laboratorio experimental– sería la Ciudad de México, aprovechando que en el horno está la Constitución local.

¿Tienen derecho los jóvenes de 16 años de participar políticamente? Sin duda, pero es verdaderamente perverso que los propios partidos políticos que los han ninguneado –como al resto de los mexicanos– y que de una u otra suerte les han cancelado todo tipo de derechos, ahora pretendan convertirse en sus adalides, en defensores de las causas juveniles que no entienden ni les importan, pero sí, y mucho, el financiamiento que obtengan por dicha acción.

Los ciudadanos son rehenes de los partidos políticos, porque no sólo financian (quiéranlo o no) todas las concertacesiones, moches, cochupos e ineficiencias, sino que si es voluntad de un ciudadano competir por un cargo de elección popular deberá hacerlo por medio de esas lucrativas empresas, quienes ahora van por el mercado de los 16 y 17 años que les podría aportar (al sistema de partidos) alrededor de 5 millones de sufragios, y cada uno de ellos vale mucho dinero.

En el contexto internacional México sobresale por el número de ninis (ni trabajan ni estudian) que sobreviven en precarias condiciones. El país acumula cerca de 8 millones de jóvenes que encuadran en ese concepto, y a lo largo de los años ningún partido político ha hecho el mínimo esfuerzo por corregir tan lamentable situación. De hecho, con su accionar sólo lo han empeorado.

Como se ha comentado en este espacio, los partidos políticos prácticamente no convencen a nadie; representan los intereses de sus respectivas cúpulas y no el de los ciudadanos; sus militantes son carne de cañón; cada día un menor número de electores acude a las urnas y es mayor el número de chanchullos; a sus candidatos les sobra voracidad y les faltan propuestas, y siempre juegan con las mismas fichas quemadas. Pero ahora, desacreditados a más no poder, se muestran muy preocupados por los jóvenes de 16 y 17 años, su nuevo objetivo clientelar y financiero.

La Jornada (Andrea Becerril) informa que ante legisladores, integrantes de la Asamblea Juventud Constituyente demandaron que en la Constitución de la Ciudad de México se avance en otorgar el voto a los 16 años, así como una mayor participación de los jóvenes en las decisiones políticas y de gobierno. Durante más de dos horas, los jóvenes dialogaron e intercambiaron puntos de vista con senadores que son también diputados constituyentes, a quienes pidieron reducir la brecha existente entre juventud y política.

Uno de los legisladores participantes en dicho encuentro reconoció que en México el sistema de partidos está colapsado, y el que él representa es muestra fehaciente de ello aunque, desde luego, no es el único. El siempre atento ojo de la Rayuela jornalera lo registró así: Y entonces, ¿de qué se trata? ¿De otorgarles un derecho o de ensanchar el mercado de los votos?. De lo segundo, sin duda alguna, con su respectivo impacto en las chequeras partidarias.

Las citadas empresas privadas quieren más dinero público, y para ello pretenden reducir la edad para obtener ciudadanía y así poder ejercer el voto a partir de los 16 años. Y cada sufragio se traduce en más recursos del erario, que es lo único que les importa, porque han demostrado fehacientemente que los ciudadanos les importan un cacahuate, salvo la hora de $ufragar.

De 1997 a la fecha al sistema nacional de partidos políticos (algunos de ellos perdieron el registro; otros se incorporaron: los partidos locales se cotizan aparte) se canalizaron alrededor de 75 mil millones de pesos por concepto de financiamiento público. De ese monto de recursos públicos, cerca de 62 por ciento (46 mil 500 millones) se quedó en manos de tres empresas privadas: PRI, PAN y PRD. El resto (que no es poco: 28 mil 500 millones) se distribuyó entre las empresitas participantes.

En esos 20 años, oficialmente el Revolucionario Inc. se quedó con alrededor de 19 mil millones de pesos; el igual de católico que de tranza Acción Nacional con cerca de 17 mil millones, y el Chucho’s Limited con 10 mil 500 millones. A la familia González nada mal le ha ido con su marca PVEM, que acumula unos 5 mil millones, al igual que a la franquicia PT, con 4 mil 200, o a la familia Delgado, con su MC, con 3 mil 500 millones. Con todo y que la abeja reina permanece en Tepepan, a la chequera del Panal le han depositado 3 mil millones, más o menos, y a los dos de nuevo registro (Morena y Encuentro Social) 900 y 620 millones, respectivamente.

Si se considera a las supuestas autoridades electorales y a las empresas citadas, en los primeros tres lustros del nuevo siglo el sistema se engulló alrededor de 215 mil millones de pesos, y quieren más. ¿Los resultados que registran valen la catarata de recursos que (a disgusto de) los ciudadanos les aportan? Ni lejanamente, pero quieren más, porque su voracidad no tiene límite. Agárrense los de 14-15 años, que están en la lista de los voraces.

Las rebanadas del pastel

Con meros trucos contables y trucos de mago chafa, los diputados decidieron jugar con fuego: incrementaron el presupuesto de egresos 2017, aunque la capacidad real es inexistente. ¿De dónde saldrá el dinero real, contante y sonante? También llevaron la deuda pública a nivel aún mayor y liberan el precio de la gasolina. Todo, como si el horno estuviera para bollos.

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