23 días de los hechos de Culiacán, Sinaloa, en los que según la narrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un convoy militar fue emboscado por un grupo armado con saldo de cinco soldados muertos y 10 heridos, no existen datos periciales, de balística ni criminológicos de una autoridad competente que permitan saber qué ocurrió y cómo, ni quiénes fueron los atacantes y cuál fue el móvil.

Si bien el pasado 22 de octubre, en presencia del comandante de la novena Zona Militar, general Rogelio Terán, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (Seido), Gustavo Salas Chávez, aseveró que se tiene claramente establecido el móvil, la cadena de decisiones y acciones ilícitas que motivaron la emboscada, así como el número de delincuentes que participaron y a qué organización pertenecen, se reservó nombres y motivos. Asimismo, dijo que hay varias personas detenidas, pero no especificó cuántas ni quiénes son. Por lo que desde el punto de vista informativo no aportó ningún dato nuevo y todo queda sujeto a la especulación.

No obstante, a partir de un video filtrado a un medio televisivo por mandos castrenses, sobre un evento anterior en el poblado de Bacacoragua, municipio de Badiraguato, donde se observa a dos soldados que asisten a una persona herida (que en el relato de la Sedena y la PGR es identificada como Julio Óscar Ortiz Vega, presunto delincuente), se construyó y desencadenó toda una trama, que, con base en un encendido discurso del titular de la Defensa, general Salvador Cienfuegos −quien definió el ataque como alevoso y cobarde y a los ejecutores de la emboscada como enfermos, insanos, bestias criminales−, llevó a un grupo de columnistas de Estado a impulsar una campaña de intoxicación mediática con una matriz de opinión que puso el acento en el hartazgo y el fastidio castrense, la sordera civil y el supuesto abandono en que se tiene al Ejército. Lo que sumado al desgaste del instituto armado, descrito en un discurso posterior del jefe de la Sedena, puso en la agenda político-parlamentaria la necesidad de regular ya la intervención militar en tareas de seguridad pública.

La sucesión de hechos en apariencia inconexos: la emboscada, el malestar castrense, el renovado patriotismo de los formadores de opinión pública y la consecuente necesidad de una nueva legislación sobre seguridad interior, el estado de excepción (o de emergencia) con suspensión de derechos humanos y garantías, y la prolongación de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (o policiales) que lleva ya 10 años, tiene en su origen algunos puntos oscuros.

El evento de Badiraguato, la construcción narrativa sobre el enigmático y elusivo “alias Kevin” (Julio Óscar Ortiz Vega, supuestamente rescatado por las bestias criminales), quien vestía un uniforme similar al de los dos soldados que presuntamente le salvan la vida en el video y con quienes sostiene un diálogo inusual (por humanitario) entre un delincuente y elementos del Ejército tras un enfrentamiento −mismos que además después murieron en una emboscada de precisión militar que rompe la tendencia y el modus operandi−, con todo y su dramatismo real o ficticio, puede ser una cortina de humo (la fabricación de una noticia que cause el impacto esperado desplazando a la anterior) para pasar a una nueva fase de militarización del país, en momentos en que más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil demandan al gobierno de Enrique Peña Nieto que cumpla con las 14 recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, y se adopte un cronograma para el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.

La emboscada que profundizó el desgaste del Ejército (general Cienfuegos dixit) y reactivó en los círculos parlamentarios la discusión sobre la ley de seguridad interior, en particular sobre la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, podría resultar muy peligrosamente tentadora para la imposición de un régimen autoritario de nuevo tipo.

Cabe consignar que, en su origen, la intervención militar en el combate a las drogas, se dio en el contexto de una doctrina de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos desde los años 90 del siglo pasado. Desde entonces, la tendencia hacia una militarización y trasnacionalización de la guerra a las drogas contribuyó al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y de cuerpos policiales militarizados, estrategia diseñada por Washington en detrimento de las tendencias regionales hacia la democratización de sus sociedades, la desmilitarización y una mayor protección de los derechos humanos.

Desde entonces, también, el estado de derecho en países como México se fue transformando en un cascarón vacío, donde las funciones y las instituciones garantes de un sistema democrático siguieron existiendo como estructura, pero en lugar de cumplir con sus mandatos constitucionales, se pusieron al servicio de los intereses de la plutocracia y sus administradores civiles, borrando cualquier garantía constitucional, erigiendo la impunidad a regla de convivencia civil, en un proceso de contaminación y resquebrajamiento que se ha venido profundizando hasta nuestros días.

A todas luces México no es un Estado democrático de derecho. Durante el sexenio de Peña Nieto la descomposición del principio de legalidad y la vulneración flagrante de los derechos humanos se han profundizado. Así lo revela el más reciente estudio del World Justice Project 2015, de Washington, DC, que ubica a México en el lugar 79 de 102 países estudiados, reprobado con una calificación de 0.47, debajo de Burkina Faso, Tanzania, China y Túnez.

En ese contexto, el actual dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, cuyo contenido forma parte de las garantías individuales, es una pieza jurídica propia de un Estado autoritario.