n Venezuela no parece haber ni una sola medida política o administrativa que transcurra de manera fluida y mucho menos tersa. La polarización social, la contraposición de intereses y una serie de enconos en las filas del gobierno y de la oposición han generado un espacio enrarecido donde la negociación más elemental se vuelve complicada y un acuerdo poco menos que imposible. Al ritmo de esa dinámica, cualquier movimiento (de un lado y del otro) orientado a zanjar el conflicto que vive la nación sudamericana, o por lo menos a destrabar el tenso impasse que mantienen chavistas y opositores, es bloqueado casi en automático por la contraparte, con el resultado de que lo único que evoluciona es el clima de antagonismo y confrontación en el que vive la sociedad venezolana.

Un ejemplo de lo anterior es el accidentado trámite del referéndum revocatorio puesto en marcha en abril de este año a instancias de la coalición opositora a la gestión de Nicolás Maduro con la intención de favorecer un cambio en el país a través de un recurso democrático e institucional; en opinión del gobierno se trata de un singular ejercicio de golpismo parlamentario. Cabe recordar que el instrumento de decisión fue incorporado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a fines de 1999, tras algunas modificaciones a un proyecto original presentado por el entonces presidente Hugo Chávez, quien bregó porque el referéndum tuviera un carácter vinculante (es decir, que su resultado fuera de obligatorio cumplimiento), por entender que en una consulta popular no tendría sentido participar por participar. Por ello, no deja de ser paradójico que los sectores de oposición hagan uso de ese recurso para dejar librada al mismo la permanencia o no en su cargo del presidente Maduro, cuya sola figura despierta en la patria de Simón Bolívar un aluvión de filias y fobias. Pero es precisamente lo que sucede: la decisión del Consejo Nacional Electoral venezolano de postergar el trámite del referéndum revocatorio (en la práctica hasta febrero o marzo del año próximo) ha despertado la inconformidad y las iras de sus impulsores, quienes calificaron duramente la medida y anunciaron que convocarían a movilizaciones contra ella.

En ese contexto, en consecuencia, llevaron a cabo ayer una marcha en la que las consignas antigubernamentales subieron sensiblemente de tono, agregando unas líneas más de temperatura al caldeado ambiente político-social de Venezuela, mientras el impugnado Nicolás Maduro se encuentra de gira por varios países pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), buscando consenso para restringir la producción y así elevar los precios del crudo.

El abierto y cada vez más preocupante enfrentamiento entre gobierno y oposición tiene, desde luego, un trasfondo eminentemente económico, en la medida en que ambas partes postulan diferentes (e inconciliables) modelos de país y son los propios venezolanos quienes habrán de decidir cuál de ellos prefieren. Sin embargo, en algunos de los llamamientos que distintos organismos internacionales hacen, presuntamente para encontrar una salida pacífica y razonable en el conflicto que divide a Venezuela, es posible detectar matices indicadores de que dicha salida debería ser la adopción del modelo neoliberal, que ningún bien le está haciendo a los pueblos de América Latina. Y, claro está, no puede decirse que tales llamamientos abonen desinteresadamente a una equilibrada democracia.