La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de seguridad media, denominados Centros Prestadores de Servicios (CPS), existen riesgos de tortura o maltrato a causa del hacinamiento, exceso de aislamiento, falta de custodios y personal de seguridad, así como el uso de la fuerza y medios de coerción contra los internos, entre otros factores.

Al realizar un recorrido por cinco de estos centros varoniles –ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango y Chiapas–, además del femenil 16 de Morelos, el organismo –en su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura– constató una serie de irregularidades violatorias de los derechos humanos.

Entre las deficiencias detectadas enlistó encierro prolongado de los presos en sus estancias, por 22 horas o más; insuficiente personal médico y de enfermería, así como fallas en el suministro de medicamentos, falta de capacitación en materia de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Además, inadecuadas condiciones de dormitorios y celdas, carencia de agua potable, sistema de drenaje obstruido, inapropiada ventilación de lugares con altas temperaturas, comida insuficiente y de mala calidad, lo mismo que uniformes.

Asimismo, se impide a los reos realizar llamadas telefónicas de manera regular, no se permite el acceso a medios de comunicación, no se respeta el derecho de audiencia, falta de privacidad durante la certificación de integridad física, deficiente supervisión de las autoridades de los centros y carencia de programas de atención para adicciones y desintoxicación.

En un amplio informe dirigido al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, la CNDH destacó que en el Cefereso 13 CPS, de Oaxaca, internos relataron haber sido objeto de golpes y malos tratos de elementos de seguridad y custodia con aros de sujeción en manos y tobillos, lo cual les provocó lesiones.

Ahí mismo, al igual que en el Cefereso 11 de Sonora, presos relataron que les imponen medidas disciplinarias de aislamiento hasta por 40 días, sin respetar el derecho de audiencia, por órdenes del director de seguridad, y únicamente se les permite salir al patio 20 minutos cada tres o cuatro días.