Se tiene documentado que durante la llamada guerra sucia de los años 70 se perpetraron al menos 600 desapariciones forzadas en Guerrero, donde el gobierno ejerció una represión indiscriminada contra las bases de apoyo de la guerrilla y la población civil en general. Hubo un estado de excepción, con crímenes de lesa humanidad, e incluso se tienen pruebas de 15 crímenes de guerra. Todo, en medio de una impunidad crónica que se extiende a nuestros días.

Para las profesoras-investigadoras Claudia Rangel Lozano, de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, y Evangelina Sánchez Serrano, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de Florencia Ruiz Mendoza, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el término de guerra sucia se trasladó a nuestro país, de manera errónea, de la realidad que vivió Argentina. Lo que ocurrió en México entre 1968 y 1975 fue, en términos de rigurosidad teórica, un terrorismo de Estado, afirman las investigadoras en entrevista colectiva con La Jornada.

En el libro México en los 70: ¿guerra sucia o terrorismo de Estado?, las especialistas hacen un intenso trabajo por recuperar la memoria histórica de lo ocurrido esos años en Atoyac de Álvarez, Guerrero, con los testimonios de familiares de quienes fueron desaparecidos por el Ejército y las fuerzas federales, y de las atrocidades que vivieron.

La población civil, documentan en el libro recién editado, fue sometida a una represión indiscriminada y sistemática, en la que prevalecieron tortura, ejecuciones arbitrarias, cárceles clandestinas, casas de seguridad a lo largo de la sierra, cercos militares y los salvoconductos para que la población pudiera ir de una comunidad a otra, detenciones arbitrarias y desapariciones. Todo esto ocurrió, está en documentos oficiales y testimonios. No estamos inventando nada, señala Evangelina Sánchez.

Ella misma narra lo ocurrido en la comunidad de El Quemado, en Atoyac, paso obligado hacia la sierra. Por ello, el Ejército sustrajo a todos los hombres mayores desde los 15 años, hasta los de edad avanzada –una investigación universitaria señalan que fueron casi 100 personas–, fueron recluidos en cárceles clandestinas, sometidos a torturas inenarrables, pero al cabo del tiempo los dejaron salir.

Es evidente, añade, que se quería un castigo ejemplar para los habitantes de ese lugar y que sirviera de escarmiento a otras más, porque eventualmente se pensaba que ellos, los hombres, eran simpatizantes de la guerrilla o formaban parte de ella.

Florencia Ruiz Mendoza, quien también fue investigadora en la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), destacó que fueron 800 los casos de desaparición forzada registrados por esta instancia, 600 de ellos en Guerrero. Pero el año más álgido fue en 1974, tras y secuestro y liberación de Rubén Figueroa Figueroa, entonces candidato al gobierno de Guerrero.

Hay que destacar que la CNDH, en el primer informe oficial en el que se habla del tema, elaborado en 1992, pero hecho público hasta el 2001, menciona 207 desaparecidos. Esta es la versión que todavía prevalece, hasta ahora, en el gobierno.

Claudia Rangel, quien desde 1993 vive en Guerrero, insiste en que lo ocurrido fue terrorismo de Estado y un estado de excepción, porque nunca se trató de dos fuerzas similares, ni de adiestramiento ni logística militar. “Los combatientes de Lucio Cabañas, en sus mejores momentos, eran 100, mientras que el gobierno envió a 27 mil efectivos militares a la sierra. Eso no fue una guerra sucia, porque además se fueron contra la población civil”, dijo.