El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, deberá entregar en un plazo de cinco días los recursos públicos adeudados durante este año al Organismo Público Local Electoral (Ople).

Lo anterior fue ordenado por los magistrados salientes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque no incluyeron los adeudos de 2013, 2014 y 2015 (heredados de la administración del ex gobernador prófugo, el priísta Javier Duarte), argumentando que dichos recursos no pueden ejercerse fuera del año fiscal aprobado; incluso, cualquier remanente debe ser reintegrado al erario.

Hace una semana, el Ople de Veracruz anunció que ampliaría denuncias contra el gobierno, que acumula un adeudo al organismo por un total de 167 millones 217 mil pesos del presupuesto aprobado para la función electoral: de 2014 por 16.3 millones y de 2015 por 150.8 millones de pesos.

Según el TEPJF, está acreditado que al Ople veracruzano se le asignó un presupuesto de mil nueve millones de pesos y la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado no se lo ha entregado de manera completa.

Los magistrados, quienes sesionaron hasta la madrugada con el afán de desahogar sus últimos pendientes a menos de dos semanas de concluir su encargo, advirtieron que esta omisión es injustificada, sobre todo porque el presupuesto se destinó a la organización de las elecciones de gobernador este año, y se usará en los comicios de alcaldes en 2017.

El magistrado Manuel González Oropeza se preguntó qué clase de autonomía pueden tener los árbitros electorales si no tienen patrimonio propio y dependen del gobierno local, de manera que calificó de un atentado al régimen electoral que se les nieguen los recursos.

El secretario de Finanzas y Planeación del estado, Antonio Gómez Pelegrín, se ganó además una minisanción consistente en una amonestación pública por no atender diversos dictados del TEPJF desde el 20 de julio, ni hacer caso a los apercibimientos decretados.

Ordenan frenar exclusión de consejera en Jalisco

Los magistrados ordenaron además que se frene el mal trato dado a la consejera del Instituto de Participación Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Erika Cecilia Ruvalcaba.

La magistrada María del Carmen Alanís advirtió que la consejera ha sido víctima de acoso, de discriminación y de exclusión por parte del presidente del organismo, Guillermo Alcaraz Cross.

Se quejó de que no se le entrega información para poder realizar sus labores y también se le excluyó en un principio de la integración de comisiones.

El magistrado Pedro Esteban Penagos planteó que debe ser una llamada de atención a quienes dirigen este tipo de órganos electorales para ‘‘que se conduzcan con profesionalismo, para que respeten el derecho de voto de cada uno de los integrantes del órgano y en consecuencia rijan la tolerancia y el respeto’’.

Dicho expediente también se remitió al Instituto Nacional Electoral (INE) para que analice el comportamiento de los integrantes del organismo y tome medidas.