Zacatecas, Zac.

Los últimos ocho meses y medio del gobierno de Miguel Alonso Reyes (de enero al 15 de septiembre de 2016), su hermana Lucía asignó ilegalmente a sus seis principales colaboradores en el sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) bonos de productividad que superaban 100 mil pesos quincenales, lo que provocó un quebranto de más de 11.5 millones de pesos a la dependencia que presidía.

Por ello, desde la segunda quincena de septiembre hasta el 31 de diciembre, más de 2 mil 200 personas de escasos recursos no obtendrán apoyos asistenciales del DIF, reveló Cristina Rodríguez, esposa del actual mandatario, el también priísta Alejandro Tello Cristerna.

El actual gobierno pidió a la Secretaría de Administración un informe detallado de cómo y por qué Lucía Alonso asignó bonos quincenales de productividad por 136 mil pesos al director general del DIF, Álvaro Elías Ibargüengoytia; a su secretaria administrativa, Silvia Victoria Ornelas Reynoso, por 98 mil pesos; a su secretaria particular, Laura Guadalupe García Almeida, por 110 mil pesos; al director del departamento de alimentación y desarrollo comunitario, Homero Hernández Cárdenas, de 102 mil pesos; al subdirector de tecnologías de la información, Alejandro Llamas Caballero, de 113 mil pesos, y a José Javier Romo Camacho, director del parque y zoológico La Encantada, por 112 mil pesos.

Los bonos se les pagaron a estos seis funcionarios durante 17 quincenas de 2016, además de su salario mensual, que oscilaba entre 20 mil y 35 mil pesos.

Obras inconclusas o inexistentes, pero completamente cobradas

Trascendió que el gobernador Alejandro Tello Cristerna solicitará a la Auditoría Superior del Estado y a su homóloga federal que se practiquen al DIF estatal y otros organismos revisiones del ejercicio presupuestal de 2010 a la fecha.

Según Tello, su antecesor dejó una deuda pública de aproximadamente 12 mil millones de pesos y obras inconclusas.

Lucía Alonso dejó inconclusa la modernización del teleférico de Zacatecas, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, que costó 80 millones de pesos; sin embargo, las nuevas cabinas, el sistema computarizado de poleas y el tendido de cables, además de la construcción de los pilares para cimentar y anclar los nuevos aparatos, no se realizó y se desconoce dónde quedó el dinero.

Otras obras a las cuales se asignaron recursos estatales y federales en 2014 y 2015, pero no se realizaron, son el Hospital de la Mujer de Fresnillo (sólo se colocó la primera piedra y se hicieron algunos trabajos de obra negra) y el hospital regional de la ciudad de Sombrerete (inconcluso).

Tampoco está terminado el bulevar periférico norte de la capital del estado y el Centro Cultural Centenario Toma de Zacatecas, un teatro para 4 mil 200 espectadores que Alonso Reyes inauguró un día antes de finalizar su sexenio, el 11 de septiembre. Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas, reveló que el edificio no tiene sistemas de iluminación ni de sonido, tampoco elevadores, puertas y demás equipamiento, y quizás quede terminado a finales de 2017.

Plantean fijar tope de 50 salarios mínimos

Alfredo Valadez y Carlos García Corresponsales

Las fracciones del partido Morena en los congresos de Zacatecas y Guanajuato presentaron en tribuna iniciativas de ley de austeridad republicana, en las que proponen disminuir hasta en 50 por ciento los salarios del gobernador, diputados y magistrados, y eliminar gastos de publicidad, de servicios médicos y de consultoría.

Guanajuato tiene una deuda de más de 10 mil millones de pesos; según el diputado David Alejandro Landeros, con la iniciativa de Morena se ahorrarían 8 mil millones. Para el próximo año el gobierno estatal pretende pedir un crédito de 2 mil millones de pesos.

El legislador explicó que la iniciativa prevé que el gobernador gane 50 salarios mínimos y que ningún funcionario, legislador o magistrado tenga un sueldo superior; también prohíbe el uso de recursos públicos para contratar servicios de salud privados y seguros de gastos médicos mayores.

Este año, el Comité de Estructura Salarial autorizó incrementar el sueldo de magistrados, diputados y secretarios del estado de 173 mil 946 a 177 mil 425 pesos mensuales y el del gobernador de 207 mil 306 a 211 mil 452 pesos. De acuerdo con la iniciativa, el salario del mandatario sería de 109 mil 560 pesos.

Además, no se podrán crear plazas de secretario particular o equivalentes, no se autorizarían bonos ni percepciones extraordinarias y, con excepción de los tiempos de que dispone el estado en radio y televisión, quedaría prohibido contratar publicidad.

También, señaló, se regula el uso de escoltas, la adquisición de vehículos, los gastos por viajes al extranjero, por servicios de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, renta de vehículos, aviones, equipo informático, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos y pasajes.

Los ahorros generados se invertirán en la educación de niños pobres y en apoyos para madres solteras y personas con discapacidad, argumentó.

Proponen comité técnico para calcular percepciones

En Zacatecas, donde la deuda pública asciende a unos 12 mil millones de pesos, el diputado José Luis Medina Lizalde, coordinador de la fracción legislativa de Morena, refirió que la propuesta fija reglas para manejar de manera eficiente, racional y honesta los recursos en los tres poderes, organismos públicos autónomos y ayuntamientos.

Una vez aprobada la iniciativa, dijo, los ingresos de los altos funcionarios se reducirán a la mitad, y los de otros servidores públicos se ajustarán a las recomendaciones de un comité técnico de evaluación salarial.

Indicó que la propuesta prohibirá asignar a los altos funcionarios pensiones distintas a las previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y proscribirá la contratación de secretarios particulares o servicios de consultoría y asesoría.

También prevé reducir al mínimo las erogaciones por conceptos de materiales y suministros, y elimina gastos de telefonía celular y ropa para los altos funcionarios.