La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga el mercado de producción, distribución y comercialización de medicamentos en el territorio nacional por posibles prácticas monopólicas absolutas que habrían encarecido los precios de los productos al consumidor final, la primera indagatoria que se realiza en el sector privado y que alcanzaría incluso la legalidad de la fusión de dos empresas.

El enfoque de la investigación no es la colusión en compras públicas, sino que incluye el sector público y el privado, y se revisa a detalle el apego a la legalidad de las empresas involucradas en el caso Papeles de Panamá, dado que participan en el mercado investigado, dijo Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, en conferencia de prensa.

La labor de investigación comenzó en mayo y ayer se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, así como en conferencia de prensa. Sin embargo, los análisis del mercado de medicamentos en el sector privado datan desde el año pasado y los cuales se intensificaron una vez que fueron difundidos los Papeles de Panamá.

Desde 2015 la Cofece recaba información y monitorea el mercado, en sus distintas etapas, para identificar qué tipo de problemas de competencia existen, qué tipo de situaciones se están dando entre competidores para determinar si hay elementos indiciarios suficientes para iniciar una indagatoria por prácticas monopólicas, explicó Mena Labarthe.

La recopilación de los datos y los resultados de los análisis del mercado de medicamentos permitieron a la Cofece presumir que hay elementos de colusión, que hay elementos de intercambio de información, que hay elementos de fijación de precios, manipulación de precios entre competidores, que nos lleva a abrir una investigación, una investigación que al día de hoy no prejuzga sobre si existieron o no esas conductas, y que se rige bajo el principio de objetividad que marca la Ley de Competencia Económica, agregó.

Según la Cofece, en el mercado de medicamentos para uso humano existen múltiples actores que participan en los tres niveles de la cadena productiva: los productores y los laboratorios; los distribuidores, que pueden operar al mayoreo o mediante ventas directas a minoristas, y los comercializadores, cuyas actividades se realizan a través de farmacias o diversos puntos de venta. Los actores que participan pueden estar interrelacionados entre sí y vinculados con los servicios de salud del sistema tanto público como privado, dijo Mena Labarthe.

Una práctica monopólica absoluta implica los acuerdos legales de competidores para manipular precios, dividirse al mercado, solución en licitaciones públicas e intercambio de información. Es la más dañina a la competencia, por lo que es considerada un delito, y de haber culpables, los agentes económicos podrían recibir sanciones de carácter económico, mientras que las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión hasta por 10 años.

Mena Labarthe dijo que en la investigación los agentes económicos o las personas físicas pueden apegarse al programa de inmunidad, siempre que haya colaboración durante las indagatorias.

La investigación no se refiere a un producto o medicamento en particular, sino a toda la cadena de producción de medicamentos. Según la Cofece, en 2014 los hogares de más bajos ingresos dedicaron a la compra de medicamentos y materiales de curación 42 por ciento del gasto destinado a cuidados para la salud, en tanto que para los de mayores ingresos esa proporción fue de 18 por ciento. Los precios de los medicamentos han subido mucho en los últimos años, dijo el funcionario.

La presidenta comisionada de la Cofece, Alejandra Palacios, indicó en la conferencia de prensa que la investigación se enmarca también en las revelaciones periodísticas de los Papeles de Panamá, porque hay empresas señaladas en ese escándalo que participan en el merecado de medicamentos. Reveló que la magnitud de la investigación es muy grande y hay denuncia ante la Procuraduría General de la República por la operación de compra por parte de Moench Coöperatief, de una porción de Grupo Comercial e Industrial Marzam.