La autorización del gobierno federal para realizar fracking o fractura hidráulica con la finalidad de obtener gas del subsuelo en los estados de Puebla y Veracruz se debe revocar porque es una práctica riesgosa y está prohibida en otros países, demandó la Alianza Mexicana contra el Fracking. Además no existe la regulación ambiental para esta práctica, señaló.

El jueves pasado la Comi-sión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó proyectos que afectarían a 187 mil 688 habitantes de los municipios de Amatitlán, Chicontepec, Misantla, Soledad de Doblado y Amatitlán, por la eventual contaminación de suelo, aire y agua.

Las autorizaciones se dieron en la cuenca Tampico-Misantla donde se prevé hay mil 3 millones de barriles de petróleo crudo y gas de lutitas, señaló la alianza.

Asistentes a la sesión en que se aprobó lo anterior reconocieron que “ni siquiera se cuenta con la regulación ecológica para las prácticas del fracking” y, aunque hubiera reglas, las investigaciones confirman que se trata de una práctica por demás insegura y no hay forma de evitar los graves daños que ocasiona, señaló la alianza.

Exigen retirar persmisos

Por lo anterior, exhortó a la Secretaría de Energía a retirar los permisos otorgados a la brevedad usando el principio precautorio como base, y a la CNH a actuar con responsabilidad y no otorgar nuevos permisos.

Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario en gestión integral del agua, destacó que estos cinco proyectos se suman a los tres autorizados el pasado febrero. Se trata de Semillal, ubicado en la sierra de Tamaulipas, así como Maxochitl 1 y Kaneni en Poza Rica, Veracruz.

En un análisis agregó que estas autorizaciones para realizar fracturación hidráulica carecen de sustento legal y no bastará que la Agencia para la Seguridad, Energía y Ambiente emita la norma para desarrollarlas, pues la Ley de Aguas Nacionales, aún vigente, prohíbe que se infiltren aguas que puedan contaminar acuíferos.

En ninguno de los municipios cuentan Pemex ni sus socios trasnacionales con un título de concesión de Aguas Nacionales, lo que acentúa el grado de ilegalidad y se prevé que presionen a los tenedores de títulos agrícolas para que les transfieran las concesiones y cambien el uso a indistrial, lo que implica una forma de despojo, indicó.

La alianza señaló que Juan Carlos Zepeda, titular de la CNH, tendrá la responsabilidad histórica de haber aprobado una práctica prohibida en otros países, además de violentar y poner en riesgo derechos humanos estipulados en la Constitución, entre ellos los derechos al agua y a un ambiente sano.