Los integrantes del movimiento El campo es de todos exigieron al Poder Judicial combate a la corrupción, renovación de las instituciones y aplicación imparcial de las resoluciones en favor de los pueblos y comunidades.

Este martes, los dirigentes de ese movimiento se reunieron por separado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, y el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros.

En Bucareli pidieron gestiones y un presupuesto distinto –tanto en enfoque como en monto– con base en el cual se evite la confrontación y mayor rezago social.

El énfasis, comentó Luis Gómez, líder de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, es mayor apoyo a los pequeños productores. Hemos insistido en que en las comunidades rurales hoy se vive una situación de emergencia porque no encuentran un resquicio para incorporarse al desarrollo. Y esta parte es la que puede provocar un problema mayor de gobernabilidad.

Los 14 representantes de diversas agrupaciones campesinas expusieron a Aguilar Morales que los tres niveles de gobierno no respetan los fallos de la SCJN que favorecen a campesinos e indígenas, e incluso hacen todo lo necesario para no aplicarlos.

También le propusieron que considere la modificación de las tres tesis sobre la consulta a los pueblos indígenas, emitidas por la segunda sala y publicadas el pasado 14 de junio en el Semanario Judicial de la Federación, para que se apeguen al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aborda dicho tema.

Ello, abundaron, para que se haga valer el derecho efectivo de las comunidades indígenas a la consulta sobre la realización de proyectos–mineros, eólicos, carreteras, construcción de presas, entre otros– que les afecten. Para el caso de la siembra de soya transgénica solicitaron su apoyo para modificar la tesis sobre dicho tema, pues deja a las comunidades campesinas la carga de la prueba sobre la afectación que puede tener ese tipo de cultivo, ya que es muy costoso contratar especialistas que dictaminen sobre el daño.

El ministro presidente de la SCJN sostuvo que su administración está comprometida con el cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales relacionadas con el campo y el sector agrario. Aseguró que la Corte emite sus resoluciones sin importar ninguna presión o autoridad involucrada.