omo ya es costumbre –y los mexicanos son expertos en el tema desde cuando menos 1982–, para el siempre alegre gobierno federal la creciente cuan voluminosa deuda pública no es un problema… hasta que la realidad lo revienta de la manera más cruenta.

Gobiernos van, gobiernos vienen, y el discurso oficial no se mueve un milímetro, como tampoco el raudo avance del saldo de endeudamiento y, por ende, del costo financiero del mismo, el cual a estas alturas consume buena parte del presupuesto federal anual (y el de los estados de la República, por lo que se ha dado en llamar deuda subnacional, que al final de cuentas también son los mexicanos quienes las pagan).

No es gratuito que la ONG Observatorio de Libertad Política y Económica advierta que “una de las amenazas más grandes y silenciosas a la economía de millones de mexicanos es el creciente nivel de la deuda pública. De no hacer algo contundente y pronto, agregó, este nivel de irresponsabilidad y mal manejo económico puede llevar a México a una crisis como la de 1994-1995… Informes de la Secretaría de Hacienda revelan que en 2012 el nivel de deuda pública fue de 34.4 por ciento del PIB y al final de 2016 se estima que podría ser de 48.5, y con el bajo crecimiento económico podría rebasar 52 por ciento del PIB hacia el final del sexenio” (La Jornada, Israel Rodríguez).

A la misma conclusión llega el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, aunque el calendario lo lleva un poco más atrás: se observa una tendencia creciente de la deuda pública total desde 1982, pero ésta ha venido acelerando su crecimiento en los últimos ocho años, hasta llegar en agosto de 2016 a cerca de 9 billones de pesos. La tendencia ha sido incesantemente creciente en todo el periodo. Sin embargo, se puede apreciar un cambio en la celeridad del endeudamiento, pues en el periodo 2008-2016 su saldo se triplicó con respecto a 2007; es decir, en ocho años el país se endeudó en un monto 3.2 veces mayor que el acumulado en los 25 años previos (1982-2007).

Y la pregunta de los pagadores (léase los mexicanos) de ese brutal endeudamiento es ¿dónde quedó esa catarata de recursos?, porque ni lejanamente ha servido para impulsar el crecimiento económico (una tasa de 2 por ciento como promedio anual de “crecimiento en el periodo) y mucho menos para el desarrollo social (un incremento cercano a 25 millones de pobres en igual lapso), con todo y que cuando menos dos inquilinos de Los Pinos dieron por resuelto el problema de la deuda (Salinas, en 1990, y Fox, en 2003).

Recientemente el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la deuda contratada estos años se utilizó en los diferentes proyectos de inversión que vemos a diario: en puertos, aeropuertos, vialidades, carreteras, instalaciones ferroviarias; la deuda en la que se incurrió se tradujo en infraestructura que traerá consigo su fuente de pago hacia adelante. Eso dijo, pero la propia estadística oficial (que suele encubrir la verdadera dimensión de los problemas) resulta espeluznante, porque de ser cierto lo dicho por el funcionario a estas alturas México sería el campeón internacional en infraestructura y, desde luego, no hay tal, sin olvidar que las obras que se llegan a aterrizar son coinversiones con el capital privado.

Pero bueno, tal estadística detalla que en 1995 –año de otra de las grandes crisis soportadas por los mexicanos– el saldo de los requerimientos financieros del sector público (la deuda pública federal en su más amplia acepción) fue un poco mayor de 916 mil millones de pesos, monto que ya era brutal, pero que al final de cuentas (versión Zedillo) daba cuenta del alcance de la crisis.

Casi dos décadas después, y registrando México un fuerte déficit de infraestructura, el citado saldo roza los 9 billones de pesos, es decir, un monto casi diez veces mayor que el observado en 1995, y buena parte de ese crecimiento es atribuible a dos inquilinos de Los Pinos: Felipe Calderón (a quien le tocó la crisis de 2008-2009, con todo y que en su momento prometió que en este país no habría una crisis más) y Enrique Peña Nieto (que no tarda en registrar su propia crisis).

Sólo como cápsula de memoria, vale mencionar que en 1995 el registro público destacaba que el saldo negativo del Fobaproa (encubierto y después legalizado por medio del IPAB) ascendía a poco más de 57 mil millones de pesos; 21 años después, dicho saldo roza los 900 mil millones de devaluados pesitos, no obstante que año tras año se destinan enormes sumas para (versión oficial) amortizar los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

Ernesto Zedillo también tuvo la amabilidad de rescatar a los (por cortesía de Carlos Salinas de Gortari) concesionarios de las carreteras federales. Eso fue en 1997, cuando según el registro oficial, se destinaron mil 636 millones de pesos. Para 2016 el saldo de tal salvamento supera los 187 mil millones de pesos (al cierre de junio), independientemente de que las carreteras rescatadas retornaron –limpias de polvo y paja– prácticamente a los mismos concesionarios.

En Hacienda insisten en que no pasa nada y que la percepción de los críticos es equivocada. Algo similar dijo Pedro Aspe en noviembre de 1994, es decir, a escasos días de que estallara la crisis, y lo mismo Agustín Carstens semanas antes de que explotara la correspondiente a 2008-2009.

Cuando Vicente Fox se instaló en la residencia oficial el saldo de los requerimientos financieros del sector público ascendía a 2 billones 51 mil millones de pesos; seis años después superaba los 3 billones 135 mil millones de pesos, un módico aumento cercano a 50 por ciento.

Felipe Calderón cerró sexenio con un saldo de 5 billones 900 mil millones, 88 por ciento más con respecto al heredado por Fox. En la docena trágica panista el aumento conjunto fue de 3 billones 850 mil millones, en números cerrados, o si se prefiere un avance de 188 por ciento.

Llegó Enrique Peña Nieto y junto a él su (ex) ministro del (d) año, Luis Videgaray, quienes en apenas un cuatrienio aumentaron el citado saldo en una proporción similar a la de los panistas, aunque a ellos les llevó 12 años.

Así de fácil: en lo que va del siglo, 350 por ciento de aumento, pero está bajo control. ¿En serio?

Las rebanadas del pastel

Otro desastroso resbalón de Relaciones Exteriores. Ahora fue en la Unesco, con el advenedizo de Andrés Roemer, quien representa los intereses de otro país. Y eso pasa por relegar a los diplomáticos de carrera para designar a los cuates (con la complicidad del Senado), como la propia Claudia Ruiz Massieu entenderá.

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