Organizaciones y colectivos de derechos humanos, sindicales, ambientalistas, campesinos e indígenas alertaron sobre la pretensión del gobierno mexicano de aprobar el Tratado de Asociación Transpacífico (ATP, por sus siglas en inglés) antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el 8 de noviembre, con la intención de mandar el mensaje de que la negociación está cerrada.

En un pronunciamiento, más de un centenar de organizaciones y colectivos expresaron su total rechazo a este tratado internacional, dadas las múltiples afectaciones que representaría no sólo para la vida en sus territorios y pueblos, sino también porque vulneraría gravemente la democracia y las facultades del Estado mexicano.

El ATP, negociado durante cinco años en secreto a espaldas de la sociedad, no puede ser modificado por México y representa un grave peligro para los derechos laborales, el acceso a la salud, la libertad de expresión en Internet, el medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas cruciales para los derechos humanos y la vida de las personas, señalan las organizaciones.

Precisaron que la pretensión del gobierno mexicano de aprobar el ATP antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos la expresó el mismo secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el pasado 9 de octubre.

La intención, declaró el funcionario, es que independientemente de lo que pase en Washington, mandar un mensaje claro de que esta negociación está cerrada.

Incluso los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, han mostrado su rechazo al ATP, debido a las implicaciones sobre sus propios ciudadanos.

De ser aprobado, el ATP vulneraría gravemente la democracia, al limitar las capacidades de los poderes Legislativo, que no puede modificar o aprobar leyes si afectan derechos de las trasnacionales pactados en los tratados; Judicial, ya que cede jurisdicción a tribunales privados internacionales, y Ejecutivo, ya que le impide regular la economía, si ello tiene como resultado disminuir las ganancias esperadas por las trasnacionales, así como de la sociedad civil, al permitir que las grandes empresas puedan demandar al Estado mexicano por emitir leyes que protegen a las personas y afectan de algún modo sus intereses.

Entre las organizaciones firmantes están: Alianza Mexicana contra el Fracking, Greenpeace México, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), Central Campesina Cardenista (CCC), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Derechos Digitales ONG (Latinoamérica), Nueva Central de Trabajadores (NCT), y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), además de la Red Todos los Derechos para Todos, que integra a más de 80 organizaciones de 24 entidades del país.