o es una buena noticia que un mando de la Marina se vaya a encargar de la coordinación de la seguridad pública en el sur de Veracruz, como ayer lo anunció el secretario de Gobernación y precandidato presidencial, Miguel Ángel Osorio Chong.

La muy difícil situación que se vive en esa área específica, y en la entidad en general, requiere de decisiones políticas integrales, profundas y honestas, que esta administración federal nunca tomó a tiempo respecto del ampliamente sabido comportamiento criminal de la camarilla encabezada por Javier Duarte de Ochoa, amigo y cómplice del grupo dominante en el ámbito federal; decisiones civiles, por lo demás, que ahora se posponen (en un contexto de agudización de los pleitos entre el flanco priísta y el panista, igualmente corrupto, a cargo del electo Miguel Ángel Yunes Linares) para ceder peligrosamente porciones de poder a la expansiva Secretaría de Marina, que suele ser utilizada para misiones especiales en las que la observancia de los derechos humanos es aún peor que la practicada de manera usual por el Ejército (la Marina ahora tendrá una suerte de gobernador regional, el cual coordinará los esfuerzos federales y estatales en materia de seguridad y de lo que sea necesario).

Aun cuando es previsible que, en sus primeras acciones, los marinos devuelvan algo de tranquilidad a Veracruz (lo que será muy agradecido por los pobladores de esa franja sureña, hasta ahora bajo sangriento control de grupos delictivos), el contexto general de la entidad no ofrece esperanzas de mejoría sostenida: Los Pinos y Yunes Linares libran una sorda batalla que busca impedir al panista que tome posesión de la minigubernatura el próximo primero de diciembre, mientras el priísta Duarte de Ochoa sigue enredado en la maraña de actos ilegales que cometió como gobernador, a la par que prepara artillería judicial contra el citado Yunes Linares. Duarte de Ochoa dejó a un propio a cargo del mando estatal, a Flavino Ríos Alvarado, quien era su secretario general de Gobierno, y ahora el propio panista Yunes ha asegurado que Javidú, como motejan al mandatario con licencia, ha abandonado la entidad, lo que agrava la percepción de que el poder federal permitirá que en el caso de Javier Muerte continúe la impunidad.

La violencia relacionada con la institucionalidad caída también está presente en el asesinato de un juez federal, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien fue ejecutado ayer cerca de su domicilio, en Metepec, estado de México. El asesinato de este funcionario judicial (un disparo de bala, en la cabeza) pareciera sugerir ánimos de venganza, que podrían provenir del tipo de decisiones que tomó o no en el ámbito de su jurisdicción (era juez quinto de distrito, relacionado con amparos y juicios civiles del ámbito federal, y, según las primeras informaciones, le tocaba atender puntos claves de expedientes relacionados con jefes del narcotráfico y lavadores de dinero).

No se harán aquí conjeturas respecto de este caso específico. Pero, en general, ha de mencionarse que el Poder Judicial de la Federación vive bajo un constante asedio de intereses criminales que buscan retorcer los pronunciamientos institucionales mediante la clásica disyuntiva de llenar al juzgador de plata o de plomo. En una alta proporción, los mecanismos de decisión judicial han sido vencidos por esa amenaza mafiosa que de ninguna manera ha podido ser enfrentada y exterminada por otras instancias de poder (tal vez porque esas otras instancias están, a su vez, bajo similares presiones y consecuentes entendimientos complicitarios).

En Jalisco, por ejemplo, se han producido hechos que generan preocupación. Por 20 votos contra 19, el Congreso del estado negó la ratificación como magistrado del supremo tribunal estatal de justicia a Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador en funciones, Aristóteles Sandoval Díaz. Al ex magistrado Sandoval (aunque previamente había presentado una solicitud de amparo, para que su caso sea resuelto en tribunales y no en el ámbito legislativo) se le ha acusado constantemente de ejercer un control cerrado sobre el mencionado tribunal estatal de justicia, convertido de facto en el presidente de ese poder. En 2012 fue difundida una grabación en la que el magistrado Sandoval daba instrucciones electorales en favor del PRI, hablaba de manipulaciones judiciales a conveniencia y promovía la candidatura presidencial de su hijo.

El propio presidente formal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes (promovido por los Sandoval), fue exhibido en una grabación difundida por el diario Mural, en la que solicitaba al comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, que liberara a dos personas acusadas de intento de robo a un banco (https://goo.gl/3axux2). El máximo responsable del Poder Judicial estatal aseguró que su llamada fue institucional y que pretendía asegurarse de que se cumplieran las fases del debido proceso en ese caso específico. En este episodio, como en el relacionado con la negativa a ratificar al magistrado Sandoval, están presentes las pugnas entre el PRI y sus aliados, entre ellos el PRD, del lado del sandovalismo, y Movimiento Ciudadano, acaudillado por el presidente municipal de la capital, Enrique Alfaro.

Y, mientras el columnista de Mural y profesor del ITESO, Pedro Mellado, recibe amenazas por hablar de la corrupción en los poderes jaliscienses, particularmente en el judicial (así relata en su columna reciente un mensaje que le hicieron llegar de parte de buenos amigos tapatíos: “Uno de esos días de furia, cuando sintió agraviado a su más querido amigo, el que actualmente está en la cumbre más alta del poder, envió un mensaje a un periodista incómodo: ‘¿Que ese cabrón no tiene miedo que lo maten? ¿Por qué se la pasa chingando a mi amigo el magistrado?’”). La columna puede leerse en https://goo.gl/Uk93cc. ¡Hasta mañana!

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