El proyecto de reformas a la Ley General de Víctimas (LGV) fue cuestionado por colectivos y organizaciones sociales, los cuales plantearon cambios para garantizar realmente el reconocimiento y apoyo a miles de personas desplazadas de sus hogares por la violencia del crimen organizado o por otras circunstancias.

Representantes de varios grupos civiles se entrevistaron con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, a quien entregaron una lista de nueve puntos irreductibles, entre los que figura reconocer los derechos de las personas desplazadas, ya que consideran insuficientes los cambios introducidos en los artículos 45 y 47 de la LGV.

La legisladora perredista comentó que varios planteamientos están ya incluidos en la reforma y otros serán analizados por las comisiones dictaminadoras. Expuso que hay contenidos que formuló ella misma pero no lograron el consenso, entre ellos definir el término desplazamiento forzoso, que finalmente quedó como desplazamiento interno.

De la Peña resaltó que este último es el término que se usa a escala internacional y que utilizó la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el informe que dio a conocer recientemente y en el que alude a más de 35 mil desplazados en el país.

Brenda Pérez Vázquez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, comentó que en el artículo 6 de la LGV se debe definir con claridad qué es desplazamiento interno forzado. Señaló que en la propuesta que entregaron a la senadora De la Peña plantean definirlo como sigue: Es víctima de desplazamiento interno forzado la persona o grupos de personas que se han visto obligadas a escapar de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a derechos humanos o catástrofes naturales y que no han salido del país.

Agregó que a partir de ese concepto se debe realizar el registro de personas desplazadas, ya que se sabe exactamente cuántas son y se habla incluso de más de 200 mil.

Las organizaciones demandan asimismo que la ley señale que las víctimas de desplazamiento forzoso contarán con medidas de asistencia y atención especializada y no sufrirán privación arbitraria, apropiación, ocupación y destrucción de sus propiedades y o posesiones individuales o colectivas.

Tendrán derecho a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia. Pérez Vázquez insistió en que si no son mencionados los derechos de los desplazados, no serán atendidos. Actualmente, para registrarse en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es requisito presentar la denuncia ante el Ministerio Público y la mayoría de las veces eso no es posible, ya que algunos huyen de manera preventiva cuando ven que han asesinado a familiares o vecinos y los siguientes son ellos.

Otros puntos irreductibles planteados por las organizaciones es que la CEAV sea autónoma, sin junta de gobierno, pero con una junta directiva integrada por víctimas. En materia de presupuesto piden que tenga un monto mínimo equivalente al 0.014 por ciento del gasto anual programable y se fortalezca el etiquetado del fondo de ayuda, a fin de garantizar el acceso a medidas de construcción de memoria, reparaciones colectivas y derecho a la verdad.

La senadora De la Peña escuchó los planteamientos y aseguró que los llevará a comisiones. Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional ha expuesto en comisiones su oposición a esas propuestas de cambio.