Veracruz, Ver.

Nueve meses han pasado desde que cinco jóvenes fueron detenidos en Tierra Blanca por policías estatales, que los entregaron al crimen organizado. Desde el 11 de enero pasado sus padres sólo hallaron trazas de sangre de dos de ellos; habían sido calcinados y sus huesos triturados en un molino de caña; ahora van contra los mandos más altos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Cuatro de los ocho policías estatales implicados en el caso no habían pasado los controles de confianza. ¿Quién o quiénes debieron denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) que trabajaran en condiciones que les permitían operar con el crimen organizado?, pregunta José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O. No hay respuesta.

La denuncia fue interpuesta en la PGR con el folio AC5418 por omisión de su responsabilidad como autoridad contra quien resulte responsable; sin embargo se nombra a varios funcionarios, entre ellos el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, el entonces subsecretario José Nabor Nava Holguín –hoy titular de la dependencia– y los funcionarios Roberto González, Alfonso Díaz Pineda, Xiomara Mirón Elizondo y Alejandro Contreras Uscanga.

El pasado 13 de octubre los padres de los cinco jóvenes se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, a quien le plantearon la denuncia que ya habían interpuesto.

Dijo que iba a tratar de que esta investigación tuviera seguimiento, porque somos los primeros en la República que hacemos una denuncia de este tipo, señaló.

Aunque el caso aún no se considera cerrado, Benítez Herrera afirmó que se sigue tratando como si fuera desaparición forzada, por lo que exigen a la autoridad que ya los definan como fallecidos, debido a que se sabe lo que ocurrió.

El 11 de enero policías estatales detuvieron a Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O, Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez y Bernardo Benítez Arroniz, de 16, 24, 25, 27 y 25 años, respectivamente, cuando regresaban a Tierra Blanca luego de pasar el fin de semana en el puerto de Veracruz, y los entregaron al crimen organizado.

El policía Rubén Pérez Andrade, detenido, confesó que los jóvenes fueron golpeados, torturados, asesinados y triturados para desaparecer sus restos.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), desde la denuncia, la Gendarmería Nacional y la policía científica realizaron 10 mil 223 operativos para ubicar a los jóvenes, en los que se aseguraron 10 mil 524 indicios y 13 vehículos, cuatro ranchos y dos establecimientos comerciales en los municipios de Tierra Blanca y Tlalixcoyan.

A la fecha, 19 personas –ocho de ellas policías del estado– han sido consignadas ante el juez por su presunta participación en la desaparición y muerte de los jóvenes. Entre los uniformados detenidos se encuentra Marcos Conde Hernández, quien fungía como delegado regional de la policía, a quien se le relaciona con una ruta de desapariciones forzadas en los lugares donde fue jefe de la policía

La detención del octavo policía, Miguel Saldaña García, El Cráner, se realizó en Cosamaloapan la mañana del viernes 14 de octubre. Al parecer pertenece a la banda de la delincuencia organizada que operaba en el sur, informó la FGE.

Benítez Herrera explicó que Bermúdez Zurita, entonces titular de la SSP, sabía desde 2013 que estos policías no habían pasado los controles de confianza y aun así se encontraban laborando.

La fiscalía debió meter la demanda al darse cuenta de esta irregularidad, y no lo hizo (...) yo estoy hablando de omisión o de falta de conocimiento de la fiscalía. ¿Cuál era el paso a seguir?, el delito lo estaba cometiendo Bermúdez Zurita, afirmó.

El artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipula: “Se sancionará con de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días de salario mínimo. multa, a quien asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta ley.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.