Fue una ponderación
del derecho a la información y el de protección de datos personales
Hemos acreditado disposición a abrir expedientes como Tlatlaya y Ayotzinapa, señala
Viernes 14 de octubre de 2016, p. 15
Las diferencias surgidas durante la presentación del portal Memoria y Verdad, derivadas de la exclusión del expediente de la guardería ABC, no fueron resultado de un caso de censura, sostuvo la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección Datos Personales (Inai), Ximena Puente.
Dijo que se trató de una ponderación
de derechos entre el acceso a la información y la protección de datos personales, y que la próxima semana se reunirán con las organizaciones inconformes.
Sin embargo, señaló que más allá del desencuentro surgido en la presentación, debería valorarse la importancia de un proyecto inédito no sólo en México, en el que se concentra toda la información de 14 casos graves de violaciones de derechos humanos para conocimiento de la sociedad. Señaló que es una primera experiencia de transparencia en este ámbito.
ONG acusan censura
La semana pasada, durante la presentación, las organizaciones Artículo 19 y Fundar cuestionaron que el Inai hubiera determinado unilateralmente
excluir del portal el caso de la guardería ABC, lo que consideraron una suerte de censura. Para Puente, no hubo tal pretensión, sino que, como órgano del Estado mexicano, hay una obligación de promover el acceso a la información, pero también de proteger datos personales.
Aseguró que fue una decisión del pleno de comisionados, pero dejó entrever que revisarán los alcances a partir de las peticiones de padres de familia de no incluir el caso, para adoptar una decisión al respecto en función de la inconformidad de las organizaciones civiles.
Puente señaló que el Inai ha acreditado su disposición a la transparencia a partir de las resoluciones que ha adoptado en casos graves de violaciones de derechos humanos, donde se ha votado su apertura (Tlatlaya y Ayotzinapa), y en la reconsideración de la información de la masacre de San Fernando, donde hubo un desistimiento del instituto en el proceso jurídico para favorecer la apertura de la información.