La postura favorable del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, a la creación de un ombudsman militar no es compartida por los altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), señalaron fuentes castrenses.

En tanto, el abogado César Gutiérrez Priego –quien presentó el lunes pasado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la violación a los derechos de los soldados que fueron emboscados en Culiacán– avaló la idea, al afirmar que si bien existe una Dirección de Derechos Humanos en la Sedena, ésta no cumple con proteger a los elementos de las fuerzas armadas de los abusos de sus mandos.

Los mandos consultados señalaron que ni el Ejército ni la Armada de México consideran la posibilidad de que se instituya la figura de un ombudsman militar.

Recordaron que cuando el general José Francisco Gallardo Rodríguez se pronunció en 1993 por la creación del ombudsman militar, después de denunciar que el juicio penal en su contra era producto de represalias directas del entonces secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán, los mandos de la Sedena rechazaron la posibilidad, por considerar que afectaría la disciplina que rige a toda institución castrense.

En cambio, para Gutiérrez Priego, creador de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, que apoya a militares en activo y retiro que sufren violaciones a sus derechos humanos, el tema es actual, porque los soldados, ante la ineficacia de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, tienen que recurrir a la CNDH en busca de justicia.

El abogado, hijo del extinto general, comentó, por otra parte, que la CNDH ya admitió la queja que presentó el pasado lunes ante esta institución, en la que denunció violaciones a las garantías fundamentales de los efectivos que fueron muertos y heridos el pasado 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, en una emboscada perpetrada por un grupo del crimen organizado.

Recordó que la demanda busca que a las fuerzas armadas se les proporcione el marco legal y jurídico para realizar las labores de seguridad pública y de lucha contra el narcotráfico.

También intenta revertir la recomendación emitida por la CNDH en la que ‘‘restringe’’ el uso de armas de alto poder por elementos de las fuerzas armadas en su ‘‘interacción’’ con la población civil, lo que, argumentó, coloca a los militares en desventaja cuando enfrentan a grupos criminales.

Agregó que la asociación que encabeza coadyuvará en las investigaciones que realice la comisión sobre los hechos y que aportará la información que tenga a su alcance para que la CNDH emita una resolución en la que reconozca los derechos de los militares.