El Senado aprobó ayer por unanimidad la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto por la que se establece un nuevo sistema de impartición de justicia laboral y se lleva a la Constitución el derecho de los trabajadores a elegir a sus dirigentes y a dirimir los conflictos gremiales a través del voto secreto y directo.

‘‘No fue fácil alcanzar los consensos ya que se debieron defender derechos históricos de los trabajadores que se intentaron vulnerar’’, sostuvo el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa.

Se refirió a la pretensión de los empresarios –llevada al dictamen por el Partido Acción Nacional– de incluir en la fracción XVIII del artículo 123 constitucional restricciones al derecho de huelga y al intento de última hora de los legisladores priístas de extracción sindical de eliminar de la fracción XXI bis el voto secreto y directo.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Enrique Burgos, expuso que durante los trabajos de dictamen se formularon ‘‘propuestas y contrapropuestas que podrían implicar alguna confusión’’, pero al final en el texto constitucional ‘‘se refleja la libertad de sindicación y de autonomía de los trabajadores para la elección de sus dirigentes’’.

Desaparecerían las juntas de Conciliación y Arbitraje

Con esa reforma a los artículos 123 y 107 constitucionales desaparecen las juntas de Conciliación y Arbitraje y la solución de conflictos obrero-patronales pasa a tribunales laborales dependientes del Poder Judicial.

El senador Burgos insistió en que se preservó ‘‘la tradición de justicia social’’ inherente al artículo 123, ‘‘atendiéndose el respeto de los derechos de los trabajadores y ‘‘la seguridad jurídica de las relaciones laborales’’.

El pleno aprobó un adendo al dictamen, con los cambios a la fracción XVIII, aceptados por el PRI y el PAN, luego de la rebelión del sindicalismo oficial e independiente. Se eliminó el condicionamiento a los sindicatos de demostrar que cuentan con la mayoría de los trabajadores antes de emplazar a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo (CCT).

La nueva redacción aprobada sólo establece que se deberá acreditar ‘‘la representación de los trabajadores’’. Con ese cambio, expuso ante el pleno el senador perredista Luis Sánchez, se evitó ‘‘un golpe mayor a la clase trabajadora’’, toda vez que ‘‘se habría dejado a los sindicalizados a merced de los patrones y en condiciones de vulnerabilidad para defender sus derechos’’.

El legislador del sol azteca agregó que es importante que tampoco prosperara la pretensión de ‘‘los dirigentes oficialistas’’ de suprimir la última parte de la fracción XXII bis, en la que se indica que ‘‘la ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración del CCT’’.

El pleno aprobó una adición a esa fracción XXII bis para establecer que ese derecho ahora constitucional de los trabajadores al voto libre y secreto se deberá garantizar en la propia ley para que sea congruente con el principio de libertad sindical reconocido en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El senador del PRI y dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, consideró que es un gran avance, ya que permite frenar los contratos blancos o de protección patronal. A su vez, el perredista Fidel Demedicis dijo que ojalá a partir de estos cambios se acabe con el control ejercido por ‘‘los líderes charros’’, electos a mano alzada.

En su turno, el senador del PAN Héctor Flores consideró que transferir la función jurisdiccional que hasta hoy han tenido las juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial permite avanzar a una justicia laboral menos costosa y más expedita.

La reforma se aprobó con 99 votos a favor, cero en contra y se turnó a la Cámara de Diputados.