egún información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el gobierno ejecuta obras entre el estado de México y la capital del país por un monto de casi 250 mil millones de pesos. De esa suma, la mayor parte –180 mil millones de pesos– corresponde a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), y el resto a diversos proyectos de infraestructura y transporte en ambas entidades.
Es pertinente recordar, al respecto, que desde el momento de su presentación, en un entorno económico mucho menos desfavorable que el actual, el proyecto de la nueva terminal aeroportuaria fue cuestionado desde diversos ángulos. A las críticas por la inconveniencia de construir pistas de despegue y aterrizaje en el fondo de un lago desecado se sumaron numerosos señalamientos por el negativo impacto ambiental y urbano de la obra y por el dispendio monumental que implica la demolición de las dos terminales del actual aeropuerto, una de ellas, con menos de 10 años de haber entrado en servicio. Por añadidura, con el telón de fondo de escándalos reiterados de firmas constructoras –Grupo Higa y OHL, principalmente– se han externado dudas sobre la transparencia de las licitaciones y concesiones relativas con el NAICM y se ha subrayado que el desarrollo de un nuevo aeropuerto en terrenos del oriente del estado de México revivió el conflicto social entre el gobierno y los comuneros de San Salvador Atenco.
Si en un entorno de fluidez económica y financiera habría sido aconsejable escuchar las voces críticas sobre la nueva terminal y revisar cuando menos el proyecto, hoy, cuando el gobierno se ve orillado a efectuar drásticos recortes presupuestales en rubros tan cruciales como la educación, la salud, el apoyo al campo, la cultura y el desarrollo científico y tecnológico, resulta arduo encontrar racionalidad en el empeño por seguir adelante con el proyecto y destinar a una obra de urgencia cuestionable ingentes cantidades de dinero.
Grosso modo, la suspensión, así sea temporal, de las obras de la terminal aérea permitiría liberar recursos suficientes para evitar los recortes previstos en los ámbitos arriba referidos, lo que a su vez ayudaría a impedir el crecimiento de problemáticas sociales y, si no resolverlas, cuando menos mantenerlas en sus niveles actuales.
A fin de cuentas, el inicio del funcionamiento del NAICM está previsto para 2020, en el mejor de los casos, es decir, dos años después del término del actual sexenio. Poca diferencia haría postergar un año su inicio de operaciones y usar, en lo inmediato, los recursos para mitigar los impactos de la actual circunstancia económica en los menos favorecidos y en el cumplimiento de obligaciones constitucionales a las que el Estado ha abdicado de manera parcial o total; por ejemplo, garantizar los derechos de los ciudadanos a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el salario remunerador.
