Bogotá.

El gobierno de Colombia liberará algunos presos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como parte de la negociación de paz que se instalará formalmente con ese grupo guerrillero a finales de mes en Ecuador.

Darío Monsalve, arzobispo de Cali y facilitador de los diálogos con el ELN, dijo este martes que el acuerdo que prevé la excarcelación de algunos rebeldes fue clave para descongelar las negociaciones y llegar finalmente al anuncio que se hizo el lunes de la instalación de la mesa formal de diálogo el próximo 27 de octubre.

El gobierno va a excarcelar a algunos presos del ELN que van a actuar como gestores de paz. Muy conocedores de las regiones, seguramente van a estar en la mesa de Quito, dijo Monsalve a Caracol Radio.

Según el arzobispo, que ha participado como facilitador de las negociaciones con el segundo mayor grupo guerrillero de Colombia (después de las FARC), el ELN tiene unos 500 presos y algunos casos requieren una solución humanitaria, la cual podría darse en las próximas semanas en simultáneo con la liberación de secuestrados que están en poder del grupo rebelde.

Desde Caracas, delegados del ELN y del gobierno de Juan Manuel Santos anunciaron el lunes que el próximo 27 de octubre comenzarán en Quito negociaciones formales para poner fin a un enfrentamiento armado de más de medio siglo.

Colombia vive un conflicto que ha enfrentado durante más de medio siglo a guerrilleros, paramilitares y agentes de la fuerza pública, con saldo de unos 220 mil muertos, 45 mil desaparecidos y casi 7 millones de desplazados.

En este contexto, cientos de personas convocadas por la artista Doris Salcedo tejieron un manto blanco gigante en la principal plaza de Bogotá para honrar a las víctimas del conflicto armado y animar a que se sigan los esfuerzos para rescatar el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tras su rechazo en un plebiscito.

Anulan otra sanción a Córdoba

El Consejo de Estado anuló la segunda sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General a Piedad Córdoba en 2012, en virtud de la cual quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por un periodo de 14 años.

Según la sentencia aprobada por unanimidad, el Ministerio Público no valoró los elementos materiales probatorios presentados por la defensa de la ex congresista, quien fue sancionada por participación indebida en política, acusada de financiar la campaña de un candidato a la Cámara de Representantes.

En agosto pasado el Consejo de Estado anuló la primera medida dictada por la Procuraduría (2010), que destituyó e inhabilitó a Córdoba por 18 años.