La desaparición masiva de personas ocurrida en el municipio de Allende, Coahuila, entre el 18 y 20 de marzo de 2011, tiene dimensiones territoriales y de tiempo más grandes que las reconocidas hasta ahora por los gobiernos, donde el número de víctimas podría rebasar las 300, tan sólo en unos meses.

No se trató sólo de Allende y la desaparición de restos en el rancho de la familia Garza, a raíz de la venganza de Los Zetas, sino de una ‘‘matanza’’ que involucró al menos una decena de municipios del estado de Coahuila, incluyendo ciudades como Piedras Negras, Acuña, Nava y Múzquiz.

Estas son parte de las conclusiones del caso Allende contenidas en el informe En el desamparo, elaborado por El Colegio de México, señala la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. Indica que lo sucedido ahí no puede circunscribirse a aquellas desapariciones vinculadas a la supuesta venganza de Los Zetas en contra de ciertas familias.

El informe destaca que la desaparición de 26 personas en esos tres días de marzo es un número muy reducido que ni siquiera concuerda con las víctimas que aparecen en el expediente del gobierno estatal, al que se tuvo acceso, y que contabiliza un total de 42 víctimas, al sumar 12 más que fueron desaparecidas hasta agosto de 2012.

Además, advierte que esta ‘‘tragedia’’ permaneció en silencio durante varios años y apenas están emergiendo las historias, dado un juicio que se lleva en Estados Unidos y que tiene como testigos protegidos a varios ex integrantes de la organización criminal. Señala que al gobierno mexicano esto no le interesó; prueba de ello es que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha ejercido su facultad de atracción a pesar de las diversas solicitudes que se han realizado en ese sentido.

Según el informe, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z40 y Z42, quienes controlaban Allende desde Piedras Negras, creyeron que eran traicionados por Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno y Luis Garza –este último avecindado en Allende–, los tres integrantes de la organización, entregándole información al gobierno de Estados Unidos. Actualmente, al menos los dos primeros son testigos protegidos de la agencia antidrogas de Washington (DEA).

Esta fue la razón por la que Los Zetas ordenaron asesinar a los integrantes de la familia Garza y a todos los que llevaran ese apellido. Para ello, en una acción donde participaron elementos de la policía municipal de Allende, más de 50 hombres fuertemente armados ocuparon la población y se llevaron, del 18 al 20 de marzo de 2011 y el domingo 11 de marzo de 2012, a decenas de hombres, mujeres y niños, además de diversos trabajadores a su servicio.

Mientras algunos policías participaron en la acción de Los Zetas, el resto recibió la orden de permanecer acuartelados, no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran, según la declaración de agentes municipales contenida en el expediente.

‘‘Los policías narran que escucharon muchas detonaciones de arma de fuego, seguidas de reportes de casas incendiadas. Los incendios se propagaron a lo largo de la localidad porque los bomberos de Allende también recibieron amenazas’’, dice el informe. Sin embargo, el reporte de El Colegio de México señala que el expediente no sirve para esclarecer los hechos ni para explicar sus causas; da detalles de eventos que deben ser considerados desde una perspectiva más amplia, piezas de rompecabezas.