Toluca, Méx.

Armando García Salazar, comunero de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, exigió ayer al gobierno del estado pagar la indemnización que le comprometió en abril pasado por la demolición ilegal de su vivienda para construir la autopista Toluca-Naucalpan.

Junto con su familia y algunos vecinos de Xochicuautla, García Salazar se plantó frente al palacio para exigir que se cumpla la minuta firmada por el secretario general de Gobierno, José Manzur, en la cual las autoridades prometieron pagarle su casa, derribada por la empresa Autovan, de Grupo Higa, el pasado 11 de abril.

Personal de Autovan y policías estatales ingresaron a la comunidad y evacuaron media docena de inmuebles ubicados en el polígono de 37 hectáreas expropiadas por la Federación para hacer la carretera.

Los comuneros se han opuesto a la obra porque, aseguran, serán destruidas zonas sagradas de este poblado otomí y se causarán daños irreversibles al ecosistema.

Vecinos acusaron a Autovan y al gobierno estatal de violar la resolución de un juez de distrito que les concedió un par de suspensiones definitivas para no hacer obras en la comunidad hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovieron contra el decreto de expropiación.

Autoridades negociaron con los comuneros de Xochicuautla y se comprometieron a sacar a la policía y esperar la resolución judicial sobre las 37 hectáreas expropiadas. También aseguraron que pagarían la casa de García Salazar.

Hicieron un avalúo de la casa, ubicada en el paraje Buenavista, y le ofrecieron 2 millones 600 mil pesos de indemnización, pero García Salazar los rechazó por considerarlo muy poco.

Con ayuda de abogados que llevan el caso de Xochicuautla, se hizo otro avalúo con peritos certificados y se calculó que la vivienda y lo que había dentro tenían un costo superior a 5 millones de pesos.

Tras varios minutos de protesta, García Salazar fue recibido por el subsecretario de Gobernación, Héctor Jiménez Baca, quien le dijo que el gobierno de Eruviel Ávila esperaba una contrapropuesta de indemnización para analizarla y, de ser viable, se la darían de inmediato.

Estos meses García Salazar y su familia han vivido en un campamento que montaron comuneros de Xochicuautla al lado de la vivienda demolida.