Integrantes del Centro de Apoyo a las Identidades Trans solicitaron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México medidas de seguridad para las trabajadoras sexuales que fueron testigos del asesinato de Paola, baleada el pasado 30 de septiembre en Insurgentes Norte y Puente de Alvarado.

El organismo advirtió que las compañeras que presenciaron el crimen deben dejar las calles, al menos por un tiempo, pues peligra su integridad. Además, demandaron que sean beneficiadas con el seguro de desempleo.

Paola “es el rostro de las trabajadoras sexuales trans”, quienes sufren agresiones constantes, aseguró Rocío Suárez, de esa organización. Recordó que la joven de 23 años fue asesinada por un supuesto cliente, quien la invitó a abordar su auto y en cuanto la sexoservidora subió al vehículo se escucharon varios disparos.

La activista señaló que en el caso hay varias omisiones del Ministerio Público y del juez que dejó en libertad al agresor. El acusado del crimen argumentó en su defensa la molestia que sintió al descubrir “la condición trans” de Paola. Es trabajador de una compañía de seguridad privada y la pistola que utilizó era de la empresa.

Su declaración es contradictoria, pues afirmó que se dio cuenta de la identidad de la víctima al escuchar su voz, “pero ya había hablado con ella y se sabe que es una zona de población trans”, resaltó Rocío Suárez.