Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunciaron por dar acceso al voto a las personas recluidas en cárceles y que aún no tengan sentencias condenatorias.

El consejero Arturo Sánchez explicó que analizarán el tema, porque los derechos de las personas, estén recluidas o no, siguen vigentes en todos lados.

Constancio Carrasco, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se pronunció el lunes pasado por favorecer el derecho a votar de quienes están detenidos o cumplen una sentencia condenatoria en prisión, independientemente de cuál sea la causa.

El artículo 38 de la Constitución indica que los derechos de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.

Pero desde 2007, según el magistrado Carrasco, el TEPJF autorizó el acceso al voto a quienes estén sujetos a un proceso penal por delito que no ameritara prisión preventiva. Añadió que más de 230 mil personas están recluidas.

Sánchez refirió que el INE primero deberá definir los mecanismos para que los reclusos puedan ejercer el derecho al voto, porque nunca hemos puesto una casilla en una prisión.

Como han sido privados de su libertad, agregó que el instituto asume que han sido suspendidos sus derechos políticos, y en consecuencia no pueden votar.

Sin embargo, planteó que podría crearse una especie de padrón electoral de personas en esta condición, aunque hizo ver que hay cuestiones logísticas pendientes, como que sólo se puede instalar una casilla con 750 boletas.

Detalló que en algunos penales posiblemente se podría reunir este número de electores, pero en los pequeños, no.

Señaló que hay dos caminos para concretar este tema: que se legisle para aclarar cómo se instrumentaría el voto o que el Tribunal Electoral ordene al INE en sus sentencias qué camino seguir.

Entrevistado también en el Palacio de Minería, donde se efectúa El foro de la democracia latinoamericana, el consejero Marco Antonio Baños Martínez consideró que este tema deberá revisarse y regularse.

Desde su perspectiva, mientras no exista una pena que resulte definitiva y que sea privativa de la libertad del ciudadano, éste mantiene los derechos políticos.

Refirió que en los tribunales colegiados de distrito y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay tesis en ese sentido, y creo que esta semana ha sido muy importante el trabajo de la sala superior.