A consecuencia de la presión internacional que demanda que el gobierno mexicano acabe con el reinado de los contratos de protección sindical, surgió la reforma laboral en materia de justicia cotidiana, la cual combate las centrales sindicales corporativas y al supuesto tripartismo, que ya es inoperante; además, busca desarticular las mafias sindicales y que regrese la representatividad gremial a las manos de los trabajadores.

El abogado laboralista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfonso Bouzas, sostuvo lo anterior y sostuvo que la mala noticia es que dicha reforma plantea también que para que un sindicato pueda emplazar a huelga tiene que acreditar ser mayoritario. Sin embargo, ¿quién decidirá si una organización tiene la mayoría de los trabajadores? Pues la autoridad, y ésta podrá inhibir a discreción el derecho que tienen los trabajadores de parar labores, dijo.

Es decir, la reforma tenderá a quitar el corporativismo, pero se transitaría al autoritarismo laboral, según indicó.

En entrevista, expuso que la motivación de llevar a cabo dicha reforma nació por los señalamientos que hubo para México en foros como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por los requisitos que se le pusieron al país para aceptarlo como miembro del Acuerdo Transpacífico, ya que el neoliberalismo reclama estados fuertes, autoritarios, que controlen y no que dejen el control en otros sectores.

Pero también es una realidad que en México los contratos de protección han inundado al sector sindical y el corporativismo le ha hecho más daño que bien a los trabajadores, pues no les ha representado ningún provecho. En tanto, la justicia laboral está muy lejos de serlo, pues no la hay y la reforma de 2012 precarizó los derechos obreros y alentó la terciarización, por lo que tiene que haber cambios.

Sobre todo porque las juntas de conciliación y arbitraje son espacios de poder, no hay una que no responda a los intereses del gobernante en turno, por ejemplo, en Guanajuato, se presume que llevan 30 años sin huelgas, pero no han estallado porque el control absoluto de los trabajadores lo tiene el gobierno estatal, y en cualquier emplazamiento interviene con todo su aparato de poder para acallar a los sindicalizados.

Además, el tripartismo en realidad no funciona, mentira que haya negociación, y que el gobierno sea el mediador, por lo que es positivo que la reforma proponga la desaparición de las juntas. Expuso por último que más allá de la reforma, lo que se ve es una desarticulación del movimiento obrero y ante el desempleo, la gente ya no se preocupa por sus derechos.