Buenos Aires.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo recuperó al nieto 121, hijo de Domingo Menna y Ana María Lanzilloto, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), secuestrados el 19 de julio de 1976 en la localidad de Villa Martelli, en el conurbano bonaerense, cuando la joven estaba embarazada de ocho meses.

Ese mismo día fueron capturados varios de los líderes del ERP. Menna y su esposa fueron llevados a Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires. Se conoce que el dirigente fue brutalmente torturado durante meses hasta ser asesinado y desaparecido. Su compañera fue mantenida viva hasta que nació su hijo y entonces la desaparecieron.

Desde hace 40 años la familia Lanzilloto buscaba al niño en distintos lugares. Hace tiempo los restos de Cristina, la hermana melliza de Ana María, fueron encontrados en Santiago del Estero, en el noroeste del país. La hermana mayor de ambas, Alba Lanzilloto, quien fue secretaria de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, nunca descansó en la búsqueda. La tarde de este martes, Abuelas de Plaza de Mayo iban a dar a conocer más detalles, pero se suspendió la conferencia de prensa por la muerte en un accidente de un familiar de Estela de Carlotto, presidenta de esa institución. Además de una familia numerosa, el joven restituido tiene un hermano, Ramiro Menna, quien tenía dos años en 1976.

Lo que está viviendo mi hermano es muy difícil. Se enteró de que no era quien era y yo tengo que respetar el proceso que está viviendo y que no es nada fácil, declaró Ramiro a una radio local.

Este nuevo momento de alegría para las Abuelas ocurre cuando hay serias denuncias por el intento de atrasar los juicios por delitos de lesa humanidad, especialmente los que involucran a civiles, empresarios y jueces que colaboraron con la pasada dictadura militar (1976-1983).

Los organismos humanitarios denunciaron la destrucción de varios programas de investigación e informaciones de los medios de comunicación ligados al gobierno actual, del derechista Mauricio Macri, que defienden a los militares detenidos como responsables de delitos de lesa humanidad.

También se denuncian una serie de casos de represión que han puesto en alerta a todos estos organismos.

Incremento de la represión

En la provincia de Santa Fe, la policía detuvo en un allanamiento ilegal el 25 de septiembre pasado a Iván Franco, dirigente del Movimiento de Unidad Popular-Partido Justicialista y presidente de una cooperativa, y a Emiliano Mendoza, quienes fueron trasladados a una dependencia donde fueron salvajemente torturados y amenazados.

El área de violencia institucional de la Agencia de Noticias Paco Urondo advierte en un informe que en diez meses de gestión de Macri los casos de represión de las fuerzas de seguridad en las protestas se cuentan en centenas.

Por ejemplo citan que solamente el pasado 14 de julio en el Ingenio Ledesma, en la provincia norteña de Jujuy –de trágica historia durante la pasada dictadura–, hubo 80 trabajadores heridos. En un solo día hubo la misma cantidad de heridos que en los tres primeros meses. Ese mismo día apresaron a Raúl Noro, esposo de la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida sin causa alguna desde enero pasado.

En estos momentos hay 11 dirigentes de la Tupac presos.

Las acciones violentas de la policía se multiplicaron en todo el país, como los testimonios de familiares de víctimas de gatillo fácil (jóvenes que mueren asesinados por la policía), militantes de base detenidos y golpeados en distintas circunstancias: realizando pintas o en actividades en centros culturales (cuatro detenciones de grupos de militantes políticos de los últimos 10 meses), persecución y represión a referentes sindicales, pueblos originarios y dirigentes sociales. Y una nueva variable macabra: represión policial a chicos y adolescentes, señalan.

En el largo informe de la Agencia de Noticias Paco Urondo se pone de ejemplo la represión a pueblos originarios en el sur del país, en Esquel y contra una comunidad mapuche en Vuelta de Río, en la provincia de Chubut.

El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios denunció que los agentes policiales reprimieron a hombres, mujeres y niños con gas lacrimógeno y bastonazos.

Ha habido también sorpresivos allanamientos en casas de militantes opositores, amenazas a jueces, a periodistas y de la misma manera los gobernantes, incluido el presidente, alientan a hacer justicia por propia mano”.