El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, sostuvo que los niveles de corrupción alcanzados han generado una crisis en la imagen del sector público y un descrédito social que ‘‘puede poner en riesgo la estabilidad de la democracia. Al llegar al límite tras muchos años de complacencia y de omisión en el combate a la corrupción, se han agotado los espacios para la pasividad y el aplazamiento’’.

Durante el encuentro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción organizado por la ASF con funcionarios de gobiernos estatales, Portal subrayó que el principal daño que genera la corrupción es la falta de credibilidad social en las instituciones. Hay un escepticismo del ciudadano frente a las opciones que se le presentan, pues se visuliza la solución de los problemas públicos más como la búsqueda de resultados simbólicos en lo inmediato que la aplicación de medidas que ataquen la raíz de los males que aquejan a la sociedad.

Poco después, entrevistado sobre las acciones realizadas por la ASF, aseveró que se han presentado 700 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero reconoció que esto conlleva procesos penales muy largos. Sin embargo, confió en que con la entrada en vigor del SNA y la incorporación de los juicios orales, los plazos para resolver estas demandas penales se reduzcan sustancialmente.

En este contexto, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, ubicó la lucha contra la corrupción como parte parte de la agenda de gobernabilidad en el país. Subrayó que en los hechos su instrumentación implicará, en muchos sentidos, un rediseño de las estructuras del aparato público tanto para fortalecer las instancias directamente vinculadas al combate a la corrupción como a los órganos de control interno de gobiernos en sus diversos niveles.

Portal subrayó a su vez que el Sistema Nacional Anticorrupción ‘‘es una gran oportunidad, porque si la actual crisis respecto de la imagen del sector público en México no es atendida debidamente, esto podría conllevar riesgos considerables para la estabilidad de la vida democrática’’. Está claro que los servidores públicos ya deben acostumbrarse a coexistir con un permanente escrutinio de su desempeño, pues ‘‘rendir cuentas ya no será una opción, sino la única manera de conducir nuestra gestión como parte del aparato gubernamental’’.

Y agregó: ‘‘El servicio público en la actualidad requiere de una visión distinta a la que usualmente se tenía. Quien trabaja en el gobierno no puede aspirar a tener una vida ostentosa ni buscar pertenecer a una élite. Los ciudadanos demandan funcionarios con la sensibilidad suficiente para hacer propios los problemas que aquejan a la mayoría, entre ellos el impacto que tiene la corrupción en la vida diaria de la sociedad’’.

Portal destacó la importancia que tendrá la incorporación de los estados en esta lucha anticorrupción en la segunda fase –para que opere el SNA– y por ello demandó, entre otros aspectos, aprobar reformas legales que equiparen el marco jurídico legal a la reforma constitucional, dotar de presupuesto suficiente para que operen las instituciones y generar un entorno de autonomía para su operación.

Finalmente Luis Maldonado, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, se refirió a la importancia que tendrá el desdoblamiento de funciones de la propia Auditoría Superior, pues prácticamente duplica el universo de sujetos auditados, además de que los recursos auditables se incrementan, y ahora abarcan los provenientes de deuda pública y todas las participaciones federales.