Polémicos por sus retrasos, los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) son jugoso negocio para dos empresas: Grupo Proisi y Podernet, que ganaron 86 de los 158 millones de pesos gastados este año en 12 entidades, y cobraron hasta tres veces más caro que un árbitro electoral que hizo un desarrollo propio.

En las elecciones pasadas el caso extremo fue el de Grupo Proisi, que cobró en Veracruz unos 30 millones de pesos por casi 21 mil actas esperadas, mientras el organismo público local (Ople) de Chihuahua gastó en su sistema 8.2 millones por la misma cantidad de documentos, muestra un informe del Instituto Nacional Electoral (INE).

En Aguascalientes, Podernet recibió casi cinco millones de pesos por cuantificar 4 mil 500 actas, mientras el Ople de Quintana Roo gastó apenas 2.7 millones con un programa propio y mil actas más.

Siete estados, contratantes

De 14 estados donde hubo elecciones en junio, siete contrataron a dichas compañías. Grupo Proisi recibió 47.1 millones de pesos en cuatro entidades y Podernet, 38.9 millones, según el Informe final de implementación de los PREP locales.

Además de Veracruz, Grupo Proisi dio servicio a Puebla por 13.9 millones de pesos, el cual pagó más por acta (2 mil 268 pesos); a Durango, por 9.8 millones, y a Tamaulipas, por 7.3 millones de pesos.

A Podernet le pagaron 22.3 millones de pesos en Oaxaca, 11.6 millones en Baja California y 4.9 millones de pesos en Aguascalientes.

Creada en 1996 en Saltillo, Coahuila, por Carlos Treviño Martínez, Proisi ha tenido errores e inconsistencias en los cómputos de votos, como ocurrió en 2013 en Baja California; también ha sido beneficiado con contratos sin pasar por procesos de licitación.

Mientras, los Oples de Quintana Roo y Tlaxcala desarrollaron sus propios sistemas a costos más bajos: el primero en 2.3 millones y 483 pesos por acta y el segundo en 3.4 millones y 630 pesos por acta.

Aunque baratos, tuvieron resultados distintos: Quintana Roo fue muy eficiente, mientras Tlaxcala fue el peor, con niveles de captura de 60 a 82 por ciento de las actas frente al promedio de 90 por ciento en los otros estados.

Tres Oples implementaron los sistemas y la logística del PREP, pero contrataron a terceros para el almacenamiento de información en nube. Zacatecas e Hidalgo erogaron un promedio de mil 600 pesos por acta, comparables con lo que cobraron las empresas mencionadas, y Chihuahua apenas 389 pesos.

El documento no da los dos PREP implementados por el INE: el de Sinaloa, que costó 10.3 millones de pesos, y el de la Constituyente de la Ciudad de México, cuyo precio no fue desglosado.

Veracruz fue el que pagó más no sólo a su proveedor, sino también a los cinco integrantes de su comité asesor: 301 mil pesos a cada uno, mientras en Oaxaca o Hidalgo cada especialista recibió 25 mil pesos.

También fueron distintos los montos para quienes auditaron los PREP. Oaxaca dio el más alto: 4.4 millones de pesos a la empresa Marketing Group, cuestionada en 2012 por la caída del sistema en Campeche; le siguió la UNAM, con un contrato de 2.6 millones en Veracruz, y el más bajo fue de 80 mil pesos, pagado a tres expertos en Chihuahua.

Las contrataciones de estas compañías también generaron otro problema, según el informe: no eran flexibles para incorporar cumplir los lineamientos del INE, por no estar contemplados en sus contratos.

Para acabar con esta disparidad de costos y desiguales niveles de eficiencia, Silvia Reza, representante del PRD en la comisión de procesos electorales, propuso al INE diseñar e implementar los PREP y dejar la operación a los árbitros electorales locales.