El acuerdo de paz con las FARC no es perfecto, pero es el mejor que se ha logrado, ha repetido el presidente colombiano Juan Manuel Santos. El pacto, que buscaba poner fin a 52 años de conflicto armado, consta de estos puntos:

– Fin del conflicto. Tras el alto al fuego bilateral y definitivo, en vigor desde el 29 de agosto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) debían comenzar a agrupar a los 5 mil 765 combatientes que declararon tener en 27 sitios acordados para abandonar las armas y la reincorporación a la vida civil. El proceso iba a ser supervisado por la Organización de Naciones Unidas y se realizaría en 180 días a partir del 26 de septiembre, día de la firma del acuerdo.

– Justicia para las víctimas. Reparar el daño a las víctimas del conflicto, que ha dejado 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6.9 millones de desplazados, era el objetivo del sistema de justicia negociado, que tenía previsto juzgar en tribunales especiales los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto –guerrilleros, paramilitares y agentes estatales–, tanto uniformados como civiles. Una ley de amnistía había sido pactada para los rebeldes acusados de delitos políticos, como rebelión, pero no cobijaría a los responsables de masacres, torturas y violaciones. Quienes confesaran crímenes atroces ante un tribunal especial podrían evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacían y eran declarados culpables, serían condenados de ocho a 20 años de prisión.

– Solución al narcotráfico. Las FARC habían aceptado en mayo de 2014 poner fin a la producción de drogas ilícitas en territorio bajo su control, y desvincularse del negocio del narcotráfico. El pacto contenía un plan de sustitución de cultivos ilícitos en zonas de influencia guerrillera, donde el gobierno se había comprometido a brindar alternativas de sustento a los campesinos que aceptaran el remplazo. Las autoridades de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, seguirían combatiendo al narcotráfico, que desde la década de 1980 ha sido combustible para el conflicto armado.

Habitantes muestran pesar tras conocer el resultado del plebiscitoFoto Afp

– Participación en política. Con el acuerdo, las FARC se convertirían en un movimiento político legal y el gobierno se había comprometido a garantizar su seguridad para evitar que sus militantes fueran asesinados, como ocurrió a manos de paramilitares y fuerzas estatales en los años 80 y 90, luego de un fallido proceso de paz. Además, al grupo insurgente se les asignarían 10 escaños en el Congreso de 268 miembros por dos periodos legislativos consecutivos, cada uno de cuatro años, si no lograban los votos suficientes.

– Desarrollo agrario. Las partes firmaron en mayo de 2013 un acuerdo en el que el gobierno se comprometía a otorgar más acceso a tierras, créditos y dotar de servicios básicos a los territorios rurales asolados por la conflagración interna. La repartición de tierras y una reforma agraria son reclamos históricos de las FARC, nacidas en 1964 de una sublevación campesina.

– Refrendación. Para hacerse efectivo el acuerdo debía ser refrendado en el plebiscito de ayer, que había sido aceptado como método de consulta popular por la Corte Constitucional.

Los colombianos, sin embargo, votaron contra el pacto.