A 20 años de que se decretó el rescate bancario, el saldo de la deuda del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredada por el ahora extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), es mayor pese a que se han pagado intereses equivalentes a 61 por ciento del monto de los pasivos que se tenían en 2000, revelan informes oficiales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los pasivos del IPAB aumentaron 230 mil 299 millones de pesos, o 35 por ciento, al pasar de 648 mil 569 millones de pesos en 2000 a 878 mil 869 millones a julio de 2016.

Lo anterior, pese a que entre 1997 y 2016 se han pagado por concepto de intereses 396 mil 822 millones de pesos, que representan 61 por ciento de la deuda que existía en 2000.

Inicialmente se esperaba que la deuda del rescate a los bancos se cubriera en un periodo de 20 años como resultado del crecimiento económico estimado, y que se fuera reduciendo en el tiempo como proporción del producto interno bruto (PIB), situación que no sucedió.

En 2004 se realizó el canje de los Pagarés del Fobaproa por los Bonos de Protección al Ahorro (BPA), con lo que prácticamente se convirtió en deuda pública ya avalada por el Congreso.

El 15 de julio de 2004 la junta de gobierno del IPAB y los bancos adheridos al Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) (BBVA-Bancomer, Banamex, Banorte y HSBC, antes Bital), anunciaron la celebración del nuevo programa para el intercambio de pagarés Fobaproa por nuevas obligaciones de pago, con lo que surgieron los Bonos de Protección al Ahorro (BPA)

Ahora, los BPA se negocian en el mercado de dinero y los pueden adquirir los bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefores) y la Financiera Rural, con lo que los bancos y demás figuras pertenecientes a los grupos financieros que operan en el país reciben todavía una parte de los intereses originados por el rescate bancario con motivo de la crisis financiera de 1995.

Con esta reconversión de deuda que sustituyó a los pagarés del Fobaproa, en los últimos años se ha realizado una estrategia de refinanciamiento de esta deuda con otras características, a través de la pulverización de los pasivos.

En el pasado quedaron dudas de la legalidad de los Programas de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) y la apertura de los papeles de trabajo (Working Papers), documentos en manos de los despachos de auditores contratados por el canadiense Michael Mackey en 1998.

Sin embargo, con la sustitución de los pagarés Fobaproa por los nuevos bonos que se colocan en el mercado de dinero se buscó la adecuación de los criterios del comité técnico del Fobaproa, en la compra de cartera a los bancos, con motivo de la opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que señalaba acciones discrecionales en torno al rescate bancario y de polémica en torno al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, donde se incluyeron a bancos que no requerían apoyo.

En lo que va de la presente administración se han destinado 46 mil 12 millones de pesos al pago de intereses de los rescates bancarios, ahora financiados a través del mercado con los BPA’s. Los últimos informes revelan que en 2013, primer año de la actual gestión gubernamental, se destinaron 11 mil 930.4 millones de pesos; en 2014, 9 mil 803.5 millones ; en 2015, 9 mil 365.6 millones, y hasta julio de 2016 se pagaron 14 mil 912.7 millones de pesos.