El gobierno federal prácticamente no compra madera a las comunidades mexicanas y gran parte de la que adquiere a otros países es ilegal, afirmó ayer Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss).

En los últimos tres años la producción cayó de 12 millones de metros cúbicos anuales a cerca de 6 millones, sostuvo luego de participar en el foro Las comunidades al frente en materia de certificación.

Dos terceras partes de la madera que se comercializa en el país, indicó, proviene del extranjero o es madera ilegal. Hay un gran retroceso en ese sector.

El declive se debe a una mala política pública, que se ha orientado a reforestar o pagar servicios ambientales y ha descuidado la producción, señaló. Además, la estructura fiscal castiga a los productores mexicanos y favorece a las industrias extranjeras.

A Chile no se le cobra arancel, mientras los mexicanos deben pagar ISR e IVA, reprochó.

A eso se suma que el propio gobierno no sabe si está comprando madera legal o ilegal y no favorece, con sus compras, el desarrollo de empresas forestales comunitarias en México. La mayor parte de los productos irregulares ingresan por los puertos y provienen, entre otros países, de Perú, indicó.