En los dos meses recientes, Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, ha tramitado al menos siete demandas de amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra, y en la más reciente, solicitada por sus defensores el pasado miércoles, la juez federal Rosa María Cervantes le otorgó una suspensión provisional.

La suspensión otorgada por la juez Cervantes sólo será útil e impediría la detención de Padrés en caso de que no se trate de una acusación por un delito grave ni que amerite la prisión preventiva oficiosa.

Abogados cercanos al caso, consultados por La Jornada, precisaron que el amparo se tramitó para ‘‘ubicar’’ en los juzgados si existe alguna orden de aprehensión librada contra el ex gobernador sonorense, pues los defensores tratan de aclarar información extraoficial que refiere que existe el ejercicio de la acción penal, es decir, que se pidieron órdenes de aprehensión contra Padrés por enriquecimiento ilícito y otros delitos graves por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

En los próximos cinco días hábiles la dependencia federal y los 69 juzgados señalados como responsables en la demanda de amparo tramitada por los abogados de Padrés deberán responder a la juez Cervantes (juicio 873/2016) si, como afirma el quejoso, existe una orden de captura en su contra.

Desde julio pasado se tiene registro de amparos tramitados por el ex gobernador contra una posible orden de aprehensión, señalando que es inminente que sea librada en su contra o que incluso ya lo buscan las autoridades en su domicilio.

Padrés Elías es investigado por la PGR por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero derivado de unos supuestos sobornos de un contratista del gobierno de Sonora y que el ex mandatario habría ocultado en Europa.

El político panista se convirtió en objetivo de las autoridades luego de que se detectó que aparentemente recibió depósitos por 3 millones 312 mil 175 dólares de la empresa Procesos Automatizados de Manufactura, propiedad de Mario Humberto Aguirre Ibarra.

El delito de enriquecimiento ilícito podría permitirle al ex gobernador Padrés obtener la posibilidad de enfrentar en libertad un eventual proceso, aunque eso dependería de que la PGR no obtuviera un juicio por otros ilícitos graves como lavado de dinero o defraudaciones fiscales.