Un grupo de expertos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas instó a todos los estados del mundo a derogar las leyes y las políticas restrictivas sobre el aborto, así como todas las medidas punitivas y las barreras discriminatorias para el acceso a servicios seguros de salud reproductiva.

En un pronunciamiento previo al Día de Acción Global para el acceso al aborto seguro y legal, los expertos informaron que las leyes restrictivas en esta materia se aplican a 40 por ciento de la población mundial, situación que debe erradicarse, debido a que el legrado inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna.

Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan aproximadamente 22 millones de interrupciones del embarazo de forma insegura en todo el mundo, en las que se estiman que 47 mil mujeres mueren debido a complicaciones.

Las legislaciones restrictivas que niegan el acceso al aborto seguro son una de las formas más perjudiciales de la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y una grave violación de sus derechos humanos. Las consecuencias para ellas son graves y a veces acaban pagando con sus vidas, señala el pronunciamiento.

Además, afirma que la penalización del aborto y la negativa a proporcionar un acceso adecuado a los servicios para la interrupción de un embarazo no deseado son formas de discriminación basadas en el sexo.

Fechado en Ginebra, Suiza, el pronunciamiento afirma que la prohibición de practicar el legrado no reduce la necesidad ni el número de los que se realizan; sólo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y las niñas que acuden a servicios inseguros e ilegales.

Asimismo, los expertos defienden la educación sexual integral como factor esencial para reducir la incidencia de embarazos no deseados y, por tanto, disminuir el número de abortos. De hecho, se ha demostrado que los países donde se facilita el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos modernos, y donde el aborto es legal, tienen los índices de aborto más bajos.

Suscriben el pronunciamiento Alda Facio, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Pûras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.