La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó al Senado que en la reforma a la Ley General de Víctimas quede claro que la autoridad competente para determinar la calidad de víctima de una persona son los organismos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos, como ordena la Constitución, y no la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, hizo llegar sus propuestas y observaciones a las comisiones del Senado que analizan los cambios a la ley. En un documento de 15 cuartillas, señala que coincide con quienes proponen sustituir el término desaparición forzada por desaparición de personas, porque es más amplio e implica incluir tanto a víctimas de desaparición forzada como entre particulares.

Destaca que existe desplazamiento forzado interno en 11 estados del país, ya que las personas abandonan sus lugares de origen por violencia, expresada en delincuencia; conflictos religiosos y entre familiares; catástrofes naturales, violaciones de derechos humanos y megaproyectos.

Aunque no hay una cifra oficial, el informe de la CNDH indica que en el país existen al menos 35 mil 400 desplazados, la mayoría indígenas, mujeres y mayores de edad.

El ombudsman agrega que las reformas a la ley deben considerar el nivel de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno y las condiciones particulares de quienes integran esa población para definir medidas de apoyo y asistencia inmediata, considerando además la ausencia de documentos de identidad para el acceso a programas y recursos públicos.

La CNDH pide que se considere el informe especial que emitió para revisar la ley de víctimas y eliminar las restricciones que tienen los desplazados para ser reconocidos como víctimas por los órganos del estado y que puedan acceder a los beneficios de ley.

En el documento, el ombudsman apunta que existen disposiciones de la ley vigente que no están siendo analizadas por ninguna iniciativa de las que se han presentado en esa cámara, pero la CNDH considera que deben revisarse para que las víctimas gocen de los derechos reconocidos.

Recomienda armonizar la Ley General de Víctimas con la reforma penal acusatoria, y tener en cuenta que las facultades de la asesoría jurídica federal deben ser precisadas en cada una de las etapas en las que interviene sobre los alcances de la representación legal de víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos en casos judiciales, y prever que cuenten con efectiva orientación jurídica.