n mi artículo de agosto demostré que el derecho a la salud es inequitativo y condicionado en México. Sólo aquellos que están asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y sus familias tienen acceso a los servicios requeridos al enfermar. Los afiliados al Seguro Popular sólo tienen acceso a un paquete de servicios restringido, que deja fuera particularmente las enfermedades graves y costosas de la población adulta. Así, tanto ellos como los que carecen de un seguro tienen que pagar muchos de los servicios.
La Asamblea Constituyente ofrece la oportunidad de plantear que el derecho a la salud es obligación del gobierno de la ciudad y debe garantizarlo mediante un sistema público. Cabe destacar que otros elementos necesarios para el cumplimiento del derecho a la salud, como la educación, la vivienda, el trabajo bien remunerado, un medio ambiente sano, etcétera, también deben garantizarse en la Constitución.
Existe como antecedente en la legislación del Distrito Federal (DF) la Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral, aprobada por unanimidad en 2006. Corresponde al Programa de Servicios y Medicamentos Gratuitos, que disminuyó sustancialmente la barrera económica de acceso. Parte del hecho de que los derechohabientes del seguro social laboral ya tienen este derecho y para universalizarlo hay que cubrir al resto de la población.
Los elementos básicos de la mencionada ley son: a) la obligación del gobierno de atender gratuitamente a la población sin seguro social laboral; b) obligación del jefe de Gobierno de incluir los recursos necesarios en el presupuesto, que nunca puede ser menor que en el anterior; c) la Asamblea Legislativa deberá garantizar en el Decreto de Presupuesto Anual de Egresos del Distrito Federal, los recursos suficientes; d) se sancionará a los funcionarios públicos que violen la ley o actúen con parcialidad o discriminación.
A pesar de que dicha ley no ha sido derogada, los gobiernos posteriores al de Andrés Manuel López Obrador se han apegado a la política de salud del gobierno federal, o sea, al Seguro Popular. Sólo cuando les conviene políticamente han incluido a grupos específicos –taxistas, tianguistas, trabajadoras domésticas, etcétera– al programa de gratuidad. Y todavía peor, los afiliados al Seguro Popular tienen una serie de privilegios en los servicios que se traducen en la discriminación del resto de los usuarios. La ley de gratuidad ha sido violada sistemáticamente sin ninguna consecuencia para el gobierno.
La constitución de la CDMX debe retomar los elementos de la ley de gratuidad para eliminar las ambigüedades de la Constitución federal y la Ley General de Salud, lo que la haría equivalente a las constituciones más avanzadas de América Latina, como la brasileña. Debería explicitar que es obligación del gobierno garantizar gratuitamente el acceso a los servicios requeridos y a los medicamentos y proporcionar los recursos económicos suficientes y crecientes; debería convertir el sistema público en pilar del de salud y excluir al sector privado, sin prohibirlo, y proscribir la canalización de recursos públicos a éste; debería vedar la discriminación en los servicios y, con estos medios, garantizar la universalización del derecho a la salud. Debe además organizar el control y la participación social con consejos de salud paritarios. El carácter estatal de la constitución de la CDMX impide unificar el seguro social y el sistema de salud de la ciudad en un solo sistema público; unificación que quedaría pendiente para una nueva Constitución federal.
Es demagogia hablar del derecho universal a la salud en la CDMX si no se asume que hay que fortalecer el sistema de salud con la ampliación de la infraestructura hospitaliaria y de centros de salud, así como abrir nuevas plazas regulares de personal y garantizar el abasto de medicamentos e insumos médicos. No se puede construir un sistema basado en la educación, promoción y prevención si no existe la territorialización sólida del sistema de salud con atención escalonada. Médico en tu casa es inútil si no funcionan los centros de salud y los hospitales. La visita de personal poco calificado a una proporción pequeña de los hogares no tiene sentido si no está respaldada por un sistema de estas características.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
