Buenos Aires.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a los gremios de la salud y docentes de todo Argentina, realizaron este martes un paro nacional contra las reformas del Estado y el tarifazo, exigieron reabrir las negociaciones salariales, que se detengan el ajuste y los despidos, además de denunciar el recorte de presupuesto para el sector.

Se sumaron los universitarios, la Federación Nacional Docente, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, la Unión Docentes Argentinos, que conduce el dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sergio Romero y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares.

Esto sectores señalaron que es importante que la CGT se defina finalmente por el paro general después que el Consejo Directivo del Comité Central Confederal de la misma llamó a tomar la medida de fuerza cuando lo considere pertinente. Recordaron que la CGT asumió un compromiso de unidad durante la gran marcha sindical del 29 de abril pasado, cuando fueron juntas las organizaciones sindicales por primera vez en mucho tiempo.

Además del paro hubo importantes manifestaciones frente al Ministerio de Educación y el Congreso para exigir la reapertura de las negociaciones salariales, la reincorporación de despedidos y otras demandas.

El dirigente de la ATE, HugoGodoy, criticó con dureza al gobierno del presidente, el derechista Mauricio Macri. Hacen la formalidad de que hay un diálogo, pero eso no se materializa en soluciones concretas, declaró y advirtió que lo único que puede cambiar la actitud del Ejecutivo son las medidas de fuerza.

Sostuvo que el retraso salarial es muy grande, y que los empleados públicos acordaron un aumento anual de 27 por ciento en tres cuotas, mientras la inflación de agosto a agosto ha sido de 45 por ciento lo que implica una pérdida muy alta en los sueldos.

De acuerdo con el Banco Central la inflación se ubica en la medición interanual en torno a 43 por ciento.

El secretario general de la ATE Capital, Daniel Catalano, dijo que la idea no es continuar haciendo paros sino que se resuelvan los problemas, pero el gobierno no escucha ni responde y la situación se agrava día por día. Para nosotros es muy incómodo movilizar, no es lo que nos agrada. Es una herramienta que la usamos cuando el diálogo se termina, sostuvo.

En tanto, cientos de integrantes de organizaciones sociales realizaron la segunda jornada de protesta con un campamento instalado frente a Casa Rosada contra “tarifazos y ajustes”, al advertir que que tienen fuerza necesaria para permanecer días en el lugar hasta que el gobierno escuche.

Decenas de carpas están situadas en la Plaza de Mayo adonde se acercan distintos grupos y sectores a solidarizarse con las organizaciones sociales, que reclaman mejoras urgentes en los planes sociales. También decidieron realizar talleres sobre la Criminalización de la protesta social, en pleno centro, adonde concurrirá Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y otros referentes y abogados que luchan contra la represión policial e institucional.

Los manifestantes son de esta capital, de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Chaco, entre otros lugares del país.

La justicia frena tarifazo

El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, aceptó el planteameinto de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y frenó con una medida cautelar el excesivo aumento de gas para todas las pequeñas empresas del país, que fueron excluidas por la Corte Suprema de Justicia, en el fallo que amparó a los sectores residenciales.

Para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se mantuvo el aumento de 500 por ciento mensual, establecido de manera unilateral por el Estado sin Audiencia Pública previa, dijo el magistrado y dispuso que para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines se suspendan todas las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario y se retrotraiga la tarifa a la vigente antes del 31 de marzo.

Resolvió que este esquema se mantenga hasta el 27 de diciembre de 2016 próximo en que vence la cautelar y ordenó a la empresa Enargas instruir a las concesionarias del servicio, para que se refacturen los consumos en base al cuadro tarifario previo y que se habilite el pago de las facturas adeudadas en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago.

Las Pymes y otros sectores que quedaron fuera de la audiencia pública del pasado 16 de septiembre , están en situación muy difícil, e incluso en algunos casos terminal, mientras que más de tres mil negocios han cerrado ya en esta capital en los últimos meses imposibilitados de pagar las nuevas facturas.

Lo cierto es que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, parece desconocer todo lo actuado e insiste en los aumentos desmedidos sosteniendo que ya se dio el paso exigido por la Corte y que en los primeros días de octubre presentará los nuevos costos del gas, en un primer momento de 203 por ciento pero para seguir aumentando luego, como si no hubiera escuchado lo que se dijo en la Audiencia Pública.