Toluca, Méx.

Transportistas presuntamente afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) mantienen bloqueados los accesos de la minera Tizapa, en el municipio de Zacazonapan, en el sur del estado de México, lo que ha impedido la salida de más de mil 800 toneladas de plomo, cobre y concentrado de zinc que ya tenían comprometidas con otras compañías, algunas del extranjero.

Los supuestos choferes de la central obrera priísta pretenden que la empresa firme con ellos un convenio de servicio, pero desde hace varios años existe un contrato colectivo entre Peñoles y el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico- Frente, y no es posible cancelarlo, declaró el lunes pasado, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, Carlos Pavón Campos, secretario general del gremio.

Los accesos están obstruidos con más de 25 camiones de volteo, y aunque los manifestantes dejan ingresar al personal de la mina, no permiten la salida de los contenedores.

Debido a este conflicto, que ya se prolongó dos semanas, Peñoles –que desde hace 22 años administra esta mina– ya evalúa cerrar el centro de trabajo, que emplea de manera directa a 719 pobladores de la zona sur del estado y a 2 mil más de manera indirecta.

El dirigente y empleados de la mina exhortaron a las autoridades federales y del estado de México a intervenir, pues existe el riesgo de que Peñoles cierre o recorte personal.

La mina es uno de los principales centros de trabajo de la zona surponiente de la entidad, donde se ubican los municipios de Zacazonapan, Otzoloapan, Luvianos y la comunidad de Colorines, municipio de Valle de Bravo.

Desde hace más de ocho años la región ha sido asolada por la delincuencia organizada y los trabajadores de Tizapa temen que los bloqueos sean parte de una estrategia de los grupos criminales para controlar la zona.

Parte de las mil 800 toneladas de plomo, cobre y concentrado de zinc que la empresa no pudo enviar están destinadas a Japón, y de no salir en las próximas horas hacia Manzanillo, ya no podrán ser exportadas.

Peñoles informó la tarde de ayer que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y reiteró su exigencia de garantías para la operación del yacimiento, pues resultan inaceptables las acciones ilegales ejercidas por un grupo de personas que buscan intereses particulares.