En menos de una década se duplicó el gasto público destinado a cubrir el pago de pensiones. El próximo año, atender el faltante para cubrir el costo de las jubilaciones será equivalente a tres veces el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), según datos oficiales.

La dimensión del reto es gigante y no estamos preparándonos lo suficiente para enfrentar la transición demográfica que se avecina, sostuvo Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), organismo regulador del sector.

En 2017 el gasto público para pensiones sumará 720 mil 128 millones de pesos, de acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2017). Esa cantidad supera en 9.3 por ciento a la del año previo, uno de los porcentajes de mayor incremento del gasto público. Los recursos para atender este renglón son más del doble de los destinados en 2010, cuando llegaron a 305 mil 871 millones de pesos.

El presupuesto previsto para cubrir el gasto de pensiones en 2017 casi triplica al que será destinado a la SEP, que el año siguiente sumará 265 mil 794 millones de pesos, de acuerdo con la PPEF 2017.

El costo que se viene para las pensiones es realmente significativo, comentó Carlos Ramírez, entrevistado durante el segundo seminario Impulsando el ahorro voluntario, organizado por la Consar y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Es muy clara la postura y visión de la Consar respecto de las pensiones en México, dijo Ramírez. Por un lado, en el ámbito del sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) hay muchas cosas por hacer y no se ha podido porque se requieren cambios legales. Tenemos una plataforma de ahorro inmejorable para multiplicarla, pero siento que nos estamos quedando cortos. Esta plataforma, (los ahorros de los trabajadores) equivale a 15 por ciento del producto interno bruto, tiene un gran potencial y hay más cosas que se podrían hacer, afirmó.

Por otro lado, en los sistemas de pensiones de reparto de los gobiernos de estados, municipios y de las universidades, el costo que se viene para el país, es muy significativo.

Mi evaluación es que, si bien se ha avanzado en 19 años de manera importante y que tenemos un sistema muy robusto que hay que mejorar y no perder de vista, la dimensión del reto es gigante y no estamos preparándonos lo suficiente para enfrentar la transición demográfica que se avecina. De ahí el llamado a actuar, a tomar decisiones y a plantear soluciones. Este es un sistema que ya está muy diagnosticado. No son soluciones fáciles, pero sí sabemos qué tenemos que hacer, añadió.

Cada vez menos sostenible

La cantidad de los recursos que se deben asignar al pago de pensiones y jubilaciones dentro de las erogaciones gubernamentales es cada vez menos sostenible, de acuerdo con un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

El financiamiento público de las pensiones y jubilaciones distrae fondos que serían necesarios para dar impulso al proceso de crecimiento por vía de la inversión pública y sus efectos multiplicadores, o bien para elevar la calidad de vida de la población a través de mayor gasto en educación y salud, sostuvo el CEFP.

En 2017, una quinta parte (20.6 por ciento) de todo el gasto programable del gobierno, es decir, el presupuesto diferente al canalizado para cubrir deuda y otras obligaciones del Estado, se destinaría al pago de pensiones y jubilaciones, según el CEFP, que cita datos tomados de la propuesta gubernamental para el próximo año.

Conforme a la Secretaría de Hacienda, el pago de pensiones y jubilaciones en 2017 llegará a su nivel máximo y comenzará a decrecer hasta desaparecer, debido al esquema pensionario de cuentas individuales, menciona el CEFP.

Sin embargo, (Hacienda) no presenta ninguna evidencia ni los estudios actuariales que así lo demuestren, además no considera que dados los niveles insuficientes de ahorro de los trabajadores, un número importante de ellos no alcanzará los fondos necesarios para financiar su retiro, por lo que el gobierno federal estará obligado a sufragar los recursos necesarios para el pago de la pensión mínima garantizada en esos casos, apunta.