esponsabilidad es el término más utilizado por los funcionarios de Hacienda para referirse al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Tanto el ex titular de la cartera Luis Videgaray –a quien por una elemental cuestión de tiempos parece natural atribuirle la elaboración de la propuesta–, como su sucesor, José Antonio Meade, han enfatizado en el carácter responsable que, según el gobierno federal, tendrá el gasto público durante el año próximo. Si se toma la expresión como la capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente (una de las definiciones del diccionario), sin duda que al ejercicio presupuestal le cabe el adjetivo responsable. Pero si, con un criterio menos académico, se recuerda el principio general según el cual un gobierno debe responsabilizarse del bienestar de todos sus gobernados, el calificativo se vuelve bastante más discutible.

En efecto, la serie de recortes que afectan a diversos rubros del gasto social en el proyecto puesto a consideración del Congreso ha generado una comprensible preocupación –lo que es una manera de decir descontento– entre analistas económicos, partidos políticos, agrupaciones sociales y, desde luego, sectores directamente interesados. Por ejemplo, el tijeretazo presupuestario previsto para el agro, calificado de el más agresivo en años por un centro de estudios de la Facultad de Economía de la UNAM, es del orden de 30 por ciento, lo que no augura buenos tiempos para el campo mexicano. De hecho, el organismo calcula que la disminución de recursos se traducirá en 800 mil campesinos más en situación de pobreza, serios riesgos para la soberanía alimentaria y un lapso de al menos una década para recuperar la inversión en el sector. A la luz de esos datos, si algún adjetivo surge de inmediato cuando se piensa en el presupuesto, no es precisamente el de responsable.

Otro tanto sucede con la partida asignada para los pueblos y comunidades indígenas, cuya consuetudinaria precariedad económica los coloca entre las capas más sumergidas de la población. Los casi 11 mil millones de pesos menos que recibirán en 2017 llegaron a inquietar hasta a los propios legisladores del partido en el gobierno, que tanto en corto como más o menos públicamente advirtieron que degradaría aún más un nivel de vida de por sí muy dañado. La eliminación de los fondos anteriormente destinados al programa de Productividad Rural (orientado a pequeños productores), así como el dirigido a las mujeres del campo, más la reducción de 50 por ciento de los recursos aplicables al programa de empleo temporal (para población afectada por situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres) constituyen también llamados de atención que difícilmente pueden ser pasados por alto, aunque el flamante titular de la Secretaría de Hacienda argumente que el presupuesto atiende a las condiciones del entorno global.

Ciertamente, la mengua prevista en los fondos para educación pública, investigación, ciencia y tecnología es para intranquilizar a cualquier persona que se interese por el crecimiento y el desarrollo del país; pero la disminución proyectada en rubros vinculados lisa y llanamente con la mera supervivencia tiene un tono mucho más dramático, porque no sólo significa que la sociedad no avanza, sino que retrocede. Y frente a esa perspectiva el presupuesto aparece como responsable... pero de las estrecheces que le aguarden a la población.