La fiscalía mexicana quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero donde según la primera versión oficial fueron calcinados los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Aunque varios estudios han desechado esa hipótesis, calificada por el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam de verdad histórica, el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera, dijo que un nuevo análisis podría ser lo más pertinente para aclarar definitivamente un asunto que ha sido controvertido.

Higuera indicó que el nuevo peritaje, que sería el quinto que se realiza en el basurero localizado a 30 kilómetros de Iguala, tendría que hacerse tras un acuerdo con los padres de las víctimas. “Lo que nos interesa es poder desentrañar –con auxilio de la ciencia, porque no se puede de otra forma– qué fue lo que pasó ahí” la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Pero este es un apartado... No quiere decir que estemos detenidos sólo en ello, añadió.

El fiscal indicó que no están aferrados a una hipótesis, aunque admitamos que tiene que esclarecerse cada cosa de lo que se dijo al respecto, y ahí el trabajo de la ciencia es fundamental.

Nuevos datos oficiales contradicen algunas afirmaciones del ex procurador, por ejemplo, que los teléfonos de los alumnos fueron quemados junto con los cuerpos en el basurero. Higuera indicó que alrededor de una docena de celulares se mantuvieron activos después del 27 de septiembre, posiblemente en manos de los perpetradores del ataque.

Esa información ha proporcionado a las autoridades pistas sobre las posibles rutas que tomaron los atacantes cuando detuvieron a los jóvenes, lo que unido a la utilización de tecnología de rastreo terrestre ha ubicado cerca de 40 puntos donde se iniciarán en breve nuevos operativos para buscar indicios sobre el paradero de los alumnos o fosas clandestinas.

Higuera, que asumió la investigación en junio y cuyo trabajo es mejor visto por los abogados de los padres de los jóvenes desaparecidos, subrayó que su objetivo es avanzar en el esclarecimiento del caso teniendo en cuenta todo lo aportado hasta ahora por la fiscalía, los expertos internacionales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y basándose en pruebas sólidas e irrefutables.

Un total de 128 personas han sido detenidas por los hechos de septiembre de 2014, y de ellas 70 están bajo proceso, aunque ninguna por desaparición forzada, sino por secuestro, delincuencia organizada o lavado de dinero.