A partir de la posible expulsión de Javier Duarte de Ochoa de las filas del PRI, la próxima semana, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará a la Cámara de Diputados iniciar los trámites para someter al gobernador de Veracruz a juicio de procedencia, con objeto de retirarle el fuero constitucional.

El Ministerio Público Federal (MPF) actuará así contra Duarte de Ochoa por los probables delitos cometidos contra el erario de Veracruz.

De prosperar en las próximas semanas el juicio de procedencia, Duarte estaría obligado a comparecer ante la autoridad judicial.

Fue en 1981, cuando el gobernador priísta por el estado de Coahuila, Óscar Flores Tapia, fue objeto de un juicio similar, acusado de enriquecimiento inexplicable. El entonces funcionario renunció antes de concluir el proceso y nunca se dio a conocer públicamente el resultado de las investigaciones del Ministerio Público. Por supuesto, el indiciado no pisó la cárcel.

El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que, sin prejuzgar sobre la inocencia o responsabilidad de Duarte, el juicio de procedencia sería el instrumento legal del que echaría mano la PGR para actuar contra el aún gobernador veracruzano.

En San Lázaro se descartó la posibilidad de recurrir al procedimiento de juicio político, porque se extendería por meses o quizá años, incluso se desecharía con el tiempo.

Los priístas, en su sede nacional, esperan que el gobernador comparezca ante la Cámara de Diputados para responder por los señalamientos que pesan en su contra por los cuantiosos desvíos de recursos públicos que se le atribuyen y un importante número de agresiones a defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos en general.

El procedimiento aplicable sería idéntico al de la diputada local panista en el estado de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez, quien fue desaforada por el pleno cameral hace cinco meses sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Es necesario que Duarte se presente ante la autoridad para que aclare los señalamientos en su contra y no evada la acción de la justicia.

El funcionario acusado de corrupción es investigado por peculado y enriquecimiento inexplicable.

El Ministerio Público cuenta con dos carpetas de investigación que constan de 10 tomos y 12 anexos.

A la fecha varios colaboradores de Duarte han acudido ante el Ministerio Público a declarar por su probable implicación en actos fuera de la ley en acuerdo con Duarte de Ochoa.

Éste, además, tiene un historial de agresiones contra periodistas entre las que se encuentran desapariciones, homicidios y amenazas.

El implicado también ha participado en una campaña mediática plagada de denuestos, amenazas y descalificaciones con su principal contrincante en el estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

Ambos personajes se acusan de enriquecimiento ilícito, endilgándose la propiedad de cuantiosas fortunas, producto del uso indebido de recursos públicos.

Con la decisión de impulsar el proceso de procedencia contra Duarte de Ochoa, el PRI renueva el compromiso que emitió en su momento el entonces presidente nacional de ese partido Manlio Fabio Beltrones, quien advirtió la necesidad de emprender a fondo un proceso de transparencia en su partido, que implicara, si fuera el caso, el castigo legal a los funcionarios priístas que se se hubiesen salido de la norma.