os ciudadanos de la capital enfrentan un gran problema, bueno uno entre muchos otros. El más novedoso es el de la inseguridad creciente; pero hay otro, este cotidiano, progresivo y desgastante para todos: el tránsito de vehículos que ha convertido las calles y avenidas en una especie de sucursal del infierno. La ciudad de los palacios, la región más transparente del aire, se ha tornado en la urbe del automóvil y la contaminación.
El problema es mayúsculo y creciente; cada día se incrementa, es causa de trastornos de salud física y, no quisiera pensarlo, también de bienestar mental. Pasajeros del transporte público, conductores de vehículos de motor, ciclistas y peatones. Hay angustia, miedo, tensión, riesgo de enfrentarse con lo inesperado y coraje en contra de quien o quienes sean o parezcan los culpables.
No sólo los gobernados enfrentan este conflicto diario del tránsito; del otro lado de la mesa, los gobernantes, también padecen, se enfrentan al caos, buscan soluciones y son además señalados no como los que resolverán el peliagudo asunto, sino como parte del problema, los que lo alientan, lo provocan o al menos no hacen nada por buscarle salidas racionales, causes o remedios.
Entre los funcionarios encargados de enfrentar el terrible fenómeno de la congestión vial, del irritante hacinamiento en el transporte público, hay de todo, algunos responsables y profesionales, comprometidos y atentos a las soluciones; otros en cambio, indiferentes ante las graves dificultades del tránsito, estos últimos sólo atentos a su ganancia personal, pequeña o grande monetaria, preocupados no por atender al orden y a la seguridad en la urbe, sino por su quedar bien con sus jefes, sus negocios o su carrera burocrática.
Por la doble experiencia personal de haber sido funcionario público y de no haber dejado de ser nunca un vecino más, que camina por las calles de la ciudad, conduce un auto, usa el Metro y ve y entiende la conflictiva realidad, mi punto de vista pudiera ser de alguna utilidad, una aportación al análisis de lo que pasa y el apuntamiento de soluciones.
Aventuro una sugerencia a la autoridad de seguridad pública, que me consta que en sus niveles superiores tienen responsabilidad y vocación de servicio. Les propongo que aleccionen a sus agentes en la calle, supervisen, denles cursos de derechos humanos, entrénenlos para que no sean sólo aplicadores de protocolos, sino personas con criterio, que cumplen las órdenes, pero que también entienden los problemas de los ciudadanos y les brindan ayuda en lugar de acosarlos y perseguirlos, que es lo que sentimos que hacen.
Una medida debiera ser emprender en serio la separación entre negocio personal y aplicación de la ley; un ejemplo: si un conductor de grua busca cumplir cuotas, si gana en lo personal con cada auto que lleve al corralón, es natural que el tránsito ágil no le interese, que no atienda explicaciones de los ciudadanos y que su única meta sea cazar incautos, descuidados o necesitados que dejaron un momento su vehículo en lugar vedado. Si quiere más ganancia le importará sólo hacer muchos viajes al depósito y aumentar sus ingresos, no servir a la ciudad. Lo mismo se puede decir de quienes ponen arañas
y de las empresas de fotomultas.
El objetivo de estos servidores no será el orden en las calles sino el negocio, el porcentaje, la obtención de una ganancia. Si esta práctica tan inmoral, que viola garantías individuales, odiosa de por sí, se extirpa de nuestras calles y de nuestro sistema de seguridad daremos un paso a favor del ciudadano y un ejemplo de gobierno atento a la felicidad de la gente y no a los intereses de funcionarios por ganancias fáciles.
Servidores públicos que tengan criterio, que su meta sea no una cuota de multados, inmovilizados o llenar corralones, sino agilizar la circulación, ayudar, servir, no acosar.
