a no sólo la delincuencia organizada, sino también algunas poli-cías comunitarias se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades, pues en vez de concretarse a proteger a la población, para lo cual supuestamente fueron creadas, se han convertido en grupos de choque bajo la sospecha y acusaciones mutuas de operar para grupos delictivos. Cuando el jefe del Ejecutivo del estado habla de que así como hay policías comunitarias que contribuyen a la seguridad y le ayudan al pueblo, hay quienes promueven un infierno, sabe de qué está hablando, pues su encargo lo convierte en el hombre mejor informado de la entidad.

Por consiguiente sabe también que si las comunitarias han llegado al punto donde se encuentran es porque el gobierno se los ha permitido, tal vez con la mejor intención de que sirvan como instrumento de paz y seguridad en sus comunidades; pero esa libertad ha despertado la ambición de algunos que, deseosos de poder y gloria, han creado organizaciones que han terminado por enfrentarse entre sí, colocando contra la pared a la autoridad. Crecido el monstruo y fuera de control, el gobierno vuelve los ojos hacia el mismo para advertirle que ni la autoridad ni la población serán sus rehenes. El problema ha adquirido niveles preocupantes, pues la beligerancia de estas policías ha provocado muertes entre sus mismos integrantes al disputarse el control de ciertos territorios, sin que hasta ahora el gobierno los someta al orden.

Si bien hay una ley que enmarca la libertad de su formación, que no debería interpretarse como extraterritorialidad, esa misma ley de igual manera establece las normas a las cuales se deben apegar y define las sanciones para quienes se apartan de la legislación, sólo que las organizaciones están fuera de control, desplazándose al libre arbitrio de algunos ya no para proteger a la comunidad a la que pertenecen, sino para defender intereses particulares. El gobierno no puede permanecer con los brazos cruzados como hasta ahora.