a realización, hoy en esta capital, de dos marchas simultáneas en contra y a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, convocadas por el Frente Nacional por la Familia (FNF) y el Frente del Orgullo Nacional (FON), respectivamente, obliga a reflexionar sobre el papel que debe desempeñar la tolerancia frente al avance inequívoco, y en muchos sentidos inevitable, de derechos y libertades individuales.
En primer lugar, igual que como ocurrió en las marchas del pasado 10 de septiembre, llama la atención el espíritu fundamentalista y contrario a las instituciones del Estado que han asumido las organizaciones convocantes a la movilización en contra del llamado matrimonio igualitario, eufemísticamente llamada Marcha por la Familia. Cabe recordar que en la hora presente no está en juego la posibilidad jurídica de establecer un vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo, pues dichos contratos ya están previstos en la legislación local de una docena de entidades en el país, y protegidos por sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, apelar a la defensa de un inexistente diseño original
de las familias, y usar este argumento como pretexto para oponerse a la realización de derechos ciudadanos –en este caso de las personas homosexuales– equivale a una postura peligrosa, inquisitorial y proclive a desconocer los avances registrados en las leyes y en la sociedad.
En efecto, la iniciativa presidencial que busca incluir el matrimonio igualitario en el marco legal federal, empezando por la Constitución, no nace como gesto de buena voluntad del titular del Ejecutivo ni mucho menos de una simpatía personal de quien detenta ese cargo hacia las disidencias sexuales y sus derechos. Por lo contrario, se trata de una respuesta del gobierno federal, por demás tardía, a las demandas de colectivos, movimientos y miles de ciudadanos que históricamente han visto atropellados sus derechos. Tales modificaciones normativas, a fin de cuentas, no hacen sino ajustar el marco jurídico a la realidad de una sociedad moderna, plural y diversa.
Con todo, un precepto fundamental de las sociedades modernas, consagrado en la propia Constitución, reza que nadie debe sufrir escarnio por expresar sus ideas, y mientras la movilización del FNF se mantenga dentro de los límites de la manifestación pacífica, no hay razón para pedir que se impida su realización. Ante la cerrazón, el oscurantismo y la intolerancia, se vuelve indispensable mostrar las cualidades opuestas, y salvaguardar con espíritu pluralista e incluyente el derecho a la libre manifestación de las ideas.
Esta labor es particularmente significativa ante la iniciativa del FON de convocar una movilización en confluencia con la Marcha por la Familia. Tal determinación, precedida de prácticas lamentables, como su decisión de difundir una lista de sacerdotes presuntamente homosexuales –lo que, paradójicamente, busca someterlos al escarnio público por sus preferencias sexuales–, hace pertinente un llamado a la mesura, a no caer en provocaciones y, sobre todo, a no permitir que se reproduzcan actitudes intolerantes en el seno de un movimiento cuya naturaleza está vinculada a la apertura y la diversidad.
Cabe subrayar, por último, que la descomposición del tejido social en el país no se solucionará con discursos moralistas ni con la imposición de manuales de buenas costumbres a la población. Dicha tarea demanda, en cambio, un compromiso efectivo de las autoridades para combatir los exasperantes rezagos sociales que recorren el territorio nacional, luchar contra la corrupción que campea en las distintas esferas del poder político, emprender un viraje en lo económico y adoptar un rumbo claro y viable en la conducción del país.
