El representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, y el ombudsman Luis Raúl González Pérez solicitaron en el Senado la aprobación de la ley contra la desaparición forzada, una legislación para desplazados y niños migrantes, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre matrimonios igualitarios y demás pendientes en materia de garantías constitucionales.

En su participación durante el informe de labores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la perredista Angélica de la Peña, Peña Palacios y González Pérez coincidieron en que no se justifica que esté congelada la reforma que eleva a rango constitucional el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Las expresiones de intolerancia y discriminación no deben inhibir el quehacer legislativo de un Estado que se asume laico en su Constitución. La discriminación no encuentra causa alguna que la justifique, recalcó el representante de la ONU.

El presidente de la CNDH consideró que no hay problema alguno para armonizar el derecho mexicano con lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que el matrimonio igualitario es un derecho.

En su intervención, Peña Palacios recalcó que la ley sobre desaparición forzada aguarda, cada día con mayor impaciencia, su aprobación por el Senado, al igual que las reformas a la Ley General de Víctimas, dada la frustración provocada por su lenta implementación.

Expuso que en estos días, cuando los ojos del mundo están puestos en la Asamblea General de Naciones Unidas y luego del discurso del presidente Enrique Peña Nieto sobre refugiados y migrantes, es imperioso que el Senado impulse la agenda legislativa que guarda relación con los derechos de las personas en el contexto de la movilidad humana.

Se requiere que México avance en la confección de un nuevo marco legislativo que reconozca plenamente el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo, la protección a la niñez migrante y tutelar los derechos de las personas desplazadas, dijo Peña Palacios.

El presidente de la CNDH indicó que otras asignaturas legales pendientes son posibilitar que los organismos de derechos humanos gocen de los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones, así como las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y la del desplazamiento forzado interno.

González Pérez recalcó que en materia de derechos humanos no puede haber intereses o conveniencias de ningún tipo. El reconocimiento, defensa y protección de la dignidad humana no es algo que se pueda o deba negociar, ni puede ser materia de transacción o moneda de cambio.