Xalapa, Ver.

El fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que el sacerdote católico y el sacristán que fueron asesinados el lunes en Poza Rica conocían a sus victimarios y convivieron con ellos antes de la agresión.

Estaban ingiriendo licor. Después de un rato se descompuso la reunión y se tornó violenta. Luego vino la sustracción de 5 mil pesos de las limosnas y de dos camionetas.

El fiscal estatal sostuvo que son falsas las versiones de que los clérigos fueron blanco de la delincuencia organizada.

De acuerdo con Bravo Contreras, el sacerdote Alejo Nabor Jiménez Juárez, de 50 años de edad, recibió nueve disparos de arma corta y el sacristán José Alfredo Suárez de la Cruz, de 30 años, recibió un balazo de arma corta. Agregó que ya tienen identificados nombres y caras de algunas personas.

Insistió en que no se trató de un secuestro de la delincuencia organizada, y destacó que el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, está enterado de esta situación y se mantiene al tanto.

Ante la petición de la Iglesia católica de que se haga justicia, el fiscal dijo que personal a su cargo busca a los implicados y en la operación participan elementos de la Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal. Estamos cumpliendo de manera muy ágil los tiempos que establece la ley, comentó.

En Veracruz han sido asesinados cuatro clérigos durante el gobierno del mandatario priísta Javier Duarte de Ochoa, que comenzó en 2010. En noviembre de 2013 dos sacerdotes fueron hallados sin vida en el curato de la iglesia del municipio de Ixhuatlán de Madero.

En reiteradas ocasiones la Iglesia católica de Veracruz ha expresado su inconformidad por la violencia en la entidad. En abril pasado, por ejemplo, el obispo de la diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, aseguró que la comunidad católica era víctima de secuestros, robos y extorsiones.

Indignación de la comunidad católica

Eirinet Gómez Corresponsal

Xalapa, Ver.

Alejandro Uriza Cano, oblato de la comunidad católica de Poza Rica, dijo: Estamos indignados. Tenemos rabia. Sólo esperamos que esto no le pase a otros sacerdotes, porque el país está sumergido en una violencia que no tiene freno, que nadie la puede parar.

Al igual que muchos otros feligreses y clérigos del estado, Uriza está indignado por los homicidios del sacerdote Alejo Nabor Jiménez Juárez, de 50 años de edad, y del sacristán José Alfredo Suárez de la Cruz, de 30. Pero también por la violencia que ha asolado Poza Rica en meses recientes.

Los restos de los religiosos fueron llevados a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima alrededor de las 21 horas del lunes. Los fieles que hacían guardia fuera del templo los recibieron con un aplauso breve y sobrio.

A las 10 de la mañana de ayer, el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, ofreció una misa de cuerpo presente donde habló de otorgar el perdón a los homicidas, pero también del deber de las autoridades de hacer justicia, y advirtió que para alcanzar el perdón se debe cumplir una penitencia.

Cientos de feligreses abarrotaron la iglesia. Algunos escucharon la misa en la calle y en la acera frente al templo.

Al concluir, el arzobispo afirmó en entrevista que la violencia y la inseguridad en el estado han rebasado a las autoridades.

El sacristán José Alfredo tenía 25 días de haber llegado a la iglesia. Lamentablemente le tocó esta tragedia, dijo un doliente.

Otros feligreses comentaron que el cura Alejo Jiménez era atento y servicial. No tenía horario. A la hora que lo buscaran para que fuera a visitar a un enfermo, él iba. No ponía peros. Era muy allegado a su comunidad, recordó Víctor Grajales, sacerdote de Poza Rica.

Alejo Nabor Jiménez tenía varios años en la parroquia; se había ganado la confianza de los fieles, coordinaba los trabajos de ampliación del templo.

Alejo Jiménez y Alfredo Suárez eran egresados del Seminario Mayor de Teziutlán, Puebla. El primero nació en Tehuacán, Puebla, y el segundo en Misantla, Veracruz.

Después de la ceremonia religiosa, los cuerpos fueron trasladados a sus lugares de origen para ser sepultados por sus familiares.

Estrategia fallida

Según el informe La violencia en los municipios de México (2015) del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, Poza Rica es uno de los 100 municipios con más secuestros. También ha padecido numerosos homicidios. En agosto, por ejemplo, se perpetraron 20 asesinatos con armas de fuego.

El primero de julio de 2015, elementos de la Fuerza Civil, el Ejército y la Marina tomaron el control de la seguridad del municipio y desplazaron a la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, que hasta entonces se encargaba de patrullar las calles.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo que con la presencia del mando único se desarticularía la delincuencia y se restablecerían la seguridad y la paz social. Un año después, los pobladores de la zona siguen esperando que eso ocurra.